Tegucigalpa, Honduras.
El anteproyecto de la nueva Ley de Transporte enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional le da el tiro de gracia a la Dirección General del Transporte (DGT), institución que ha estado marcada por la corrupción y el abuso de sus autoridades. Además, establece mecanismos para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores del transporte.
La nueva legislación remitida por el Ejecutivo la semana anterior contiene la creación del Instituto Nacional del Transporte Terrestre como el nuevo órgano rector, con independencia financiera y administrativa.
Este Instituto será dirigido por un directorio de tres especialistas y conformado por un director presidente, un director financiero y un administrativo, que serán seleccionados por el presidente de la república de una lista de seis candidatos designados mediante concurso público.
En este punto, la normativa no tiene el respaldo de los empresarios y la dirigencia del sector transporte del país, particularmente en lo atinente a la integración y composición de la nueva forma de gobierno.
La nueva entidad tendrá un consejo directivo conformado por 11 consejeros, seis representantes del Gobierno nombrados por el Poder Ejecutivo y cinco del sector transporte, designados por los concesionarios o propietarios.
Este consejo tendrá, entre otras atribuciones, otorgar, modificar, renovar y cancelar los permisos de explotación y certificados de operación, clasificar las rutas, establecer categorías de servicio, autorizar la instalación y funcionamiento de terminales de transporte y autorizar y regular las tarifas del transporte público. Entre otras aspectos, la nueva legislación establece como principio rector la atención y el servicio al usuario del transporte público, por lo que todas las acciones del Estado así como los concesionarios deben unir esfuerzos para prestar un servicio de calidad y eficiencia.
Ataca la violencia
Este nuevo entramado legal supuestamente responde a la ola de violencia que azota la actividad del transporte por el cobro de las extorsiones.
El anteproyecto establece las medidas de seguridad.
Para ese efecto se crea un novedoso sistema de seguridad compuesto por circuitos de cámaras, botones de pánico y mecanismos de monitoreo de la unidades.
Además se crean fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el transporte público, para atacar con ello la impunidad, persiguiendo como meta la seguridad de los usuarios.Sin embargo, la dirigencia del transporte no ve con optimismo estas medidas y consideran que la nueva ley no va a venir a bajar los índices de inseguridad que priman en este sector por el cobro del “impuesto de guerra”.
El anteproyecto de la nueva Ley de Transporte enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional le da el tiro de gracia a la Dirección General del Transporte (DGT), institución que ha estado marcada por la corrupción y el abuso de sus autoridades. Además, establece mecanismos para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores del transporte.
La nueva legislación remitida por el Ejecutivo la semana anterior contiene la creación del Instituto Nacional del Transporte Terrestre como el nuevo órgano rector, con independencia financiera y administrativa.
Este Instituto será dirigido por un directorio de tres especialistas y conformado por un director presidente, un director financiero y un administrativo, que serán seleccionados por el presidente de la república de una lista de seis candidatos designados mediante concurso público.
En este punto, la normativa no tiene el respaldo de los empresarios y la dirigencia del sector transporte del país, particularmente en lo atinente a la integración y composición de la nueva forma de gobierno.
La nueva entidad tendrá un consejo directivo conformado por 11 consejeros, seis representantes del Gobierno nombrados por el Poder Ejecutivo y cinco del sector transporte, designados por los concesionarios o propietarios.
Este consejo tendrá, entre otras atribuciones, otorgar, modificar, renovar y cancelar los permisos de explotación y certificados de operación, clasificar las rutas, establecer categorías de servicio, autorizar la instalación y funcionamiento de terminales de transporte y autorizar y regular las tarifas del transporte público. Entre otras aspectos, la nueva legislación establece como principio rector la atención y el servicio al usuario del transporte público, por lo que todas las acciones del Estado así como los concesionarios deben unir esfuerzos para prestar un servicio de calidad y eficiencia.
Ataca la violencia
Este nuevo entramado legal supuestamente responde a la ola de violencia que azota la actividad del transporte por el cobro de las extorsiones.
El anteproyecto establece las medidas de seguridad.
Para ese efecto se crea un novedoso sistema de seguridad compuesto por circuitos de cámaras, botones de pánico y mecanismos de monitoreo de la unidades.
Además se crean fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el transporte público, para atacar con ello la impunidad, persiguiendo como meta la seguridad de los usuarios.Sin embargo, la dirigencia del transporte no ve con optimismo estas medidas y consideran que la nueva ley no va a venir a bajar los índices de inseguridad que priman en este sector por el cobro del “impuesto de guerra”.
Tarifas
En lo concerniente al punto tarifario, la nueva normativa incluye que la fijación de las tarifas para el transporte público en sus modalidades de carga y pasajeros las definirá el Instituto Nacional de Transporte con base en estudios técnicos y trámites para la valoración y fijación correspondiente, haciendo uso de las fórmulas que se establecen en el reglamento. La tarifa será fijada tomando en cuenta las diferentes variables de los costos de operación, inflación, costos del seguro vehicular, costo por peajes y contribución por mejoras, entre otras, que se deben establecer en el respectivo reglamento.
El Instituto hará una revisión general de todas las tarifas de las concesiones o permisos de operación en forma obligatoria cada año, manteniendo los valores referenciales actualizados diariamente.
