Tegucigalpa, Honduras.
La ley de trabajo obligatorio para los privados de libertad discutida en su tercer debate por los diputados ya sufrió algunas modificaciones.
La normativa obligará a los presos a realizar diversos trabajos, pero permitirá que sean contratados por la empresa privada para ciertas labores en los sectores agrícola y de la construcción.
Esto último fue agregado en el Congreso Nacional a la ley original que envió el Poder Ejecutivo.
Las labores que hagan para el Estado no serán recompensadas, informó David Chávez, presidente de la comisión de defensa del Congreso.
“Dependiendo de la modalidad, será remunerado el trabajo; es decir, si la mano de obra es contratada por el sector privado, entre las actividades están la construcción y la agricultura. Si los trabajos son para el sector público, no se les pagará”, manifestó.
Según la ley, cada preso está destinado a obras de servicio de infraestructura y utilidad pública, como reforestación, fabricación de pupitres, pizarras educativas, reciclaje de material orgánico e inorgánico.
Asimismo, actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado.
En la preparación de materia prima necesaria para las obras anteriores, como fabricar bloques y ladrillos, picar piedra, hacer zanjas y transportar arena, entre otras actividades.
La ley apunta que estos trabajos son obligatorios, con una duración de 1,400 horas al año como mínimo por cada reo, aplicable a todos.
La ley establece que los privados de libertad podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar dentro de los límites de la disciplina penitenciaria.
El parlamentario sostiene que es obligación del Estado reinsertar un privado de libertad en la sociedad por medio de la rehabilitación en actividades productivas.
“De esa manera se evita que los reclusos estén ociosos, realizando actos delictivos desde las cárceles; por ejemplo, extorsionando porque desde estos centros salían las llamadas”, justificó.
El diputado estimó que la próxima semana estará aprobada en la cámara legislativa.
Juan Almendares, director ejecutivo del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares, rechazó la nueva la ley, pues considera que es una tortura.
“No hay ningún trabajo digno de realización humana que sea obligatorio.
Eso está cuestionado por todo mundo. Rechazo el trabajo obligatorio de los reos. Ellos quieren trabajar; han hecho actividades laborales todo el tiempo, pero no de esa manera”.
Indicó que esta nueva legislación atraerá críticas fuertes con organismos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Demás leyes
Los diputados aprobaron esta semana en su primer debate la ley contra la violencia e intolerancia en los estadios de fútbol. Además, seis artículos del proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo que contiene la ley del sistema nacional de emergencias 911.
La ley de trabajo obligatorio para los privados de libertad discutida en su tercer debate por los diputados ya sufrió algunas modificaciones.
La normativa obligará a los presos a realizar diversos trabajos, pero permitirá que sean contratados por la empresa privada para ciertas labores en los sectores agrícola y de la construcción.
Esto último fue agregado en el Congreso Nacional a la ley original que envió el Poder Ejecutivo.
Las labores que hagan para el Estado no serán recompensadas, informó David Chávez, presidente de la comisión de defensa del Congreso.
“Dependiendo de la modalidad, será remunerado el trabajo; es decir, si la mano de obra es contratada por el sector privado, entre las actividades están la construcción y la agricultura. Si los trabajos son para el sector público, no se les pagará”, manifestó.
Según la ley, cada preso está destinado a obras de servicio de infraestructura y utilidad pública, como reforestación, fabricación de pupitres, pizarras educativas, reciclaje de material orgánico e inorgánico.
Asimismo, actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado.
En la preparación de materia prima necesaria para las obras anteriores, como fabricar bloques y ladrillos, picar piedra, hacer zanjas y transportar arena, entre otras actividades.
La ley apunta que estos trabajos son obligatorios, con una duración de 1,400 horas al año como mínimo por cada reo, aplicable a todos.
La ley establece que los privados de libertad podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar dentro de los límites de la disciplina penitenciaria.
El parlamentario sostiene que es obligación del Estado reinsertar un privado de libertad en la sociedad por medio de la rehabilitación en actividades productivas.
“De esa manera se evita que los reclusos estén ociosos, realizando actos delictivos desde las cárceles; por ejemplo, extorsionando porque desde estos centros salían las llamadas”, justificó.
El diputado estimó que la próxima semana estará aprobada en la cámara legislativa.
Juan Almendares, director ejecutivo del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares, rechazó la nueva la ley, pues considera que es una tortura.
“No hay ningún trabajo digno de realización humana que sea obligatorio.
Eso está cuestionado por todo mundo. Rechazo el trabajo obligatorio de los reos. Ellos quieren trabajar; han hecho actividades laborales todo el tiempo, pero no de esa manera”.
Indicó que esta nueva legislación atraerá críticas fuertes con organismos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Demás leyes
Los diputados aprobaron esta semana en su primer debate la ley contra la violencia e intolerancia en los estadios de fútbol. Además, seis artículos del proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo que contiene la ley del sistema nacional de emergencias 911.
