Tegucigalpa, Honduras.
Los diputados continuaron ayer en una maratónica sesión el debate de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, aprobando el 95% de los 58 artículos.
Se discute un nuevo dictamen, diferente al original enviado por el Poder Ejecutivo, ya que contempla los aportes de los diferentes sectores.
Como en la sesión del martes, ayer participaron representantes de las centrales obreras, sector empresarial, el asesor de la Presidencia de la República, Ebal Díaz, y los miembros de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Germán Leitzelar, Vilma Morales y Roberto Carlos Salinas.
En el nuevo dictamen se incorporan otros conceptos y se adecuaron conforme a los convenios internacionales; asimismo se reconocen derechos derivados de convenios internacionales.
En la ley se detallan con precisión los beneficios y servicios de cada régimen. Se expone y explica mejor la vocación de progresividad y gradualidad del piso de protección social (PPS) en búsqueda de su aplicación universal, a fin de no generar falsas expectativas.
Asimismo se definen las fuentes de financiamiento de cada régimen y se establecen de forma que permita la gradualidad financiera de su aplicación, pero de tal forma que su aplicación trascienda los cambios de Gobierno.
Para evitar el desorden presupuestario se establece el requerimiento de la asignación específica de recursos en el presupuesto de las entidades públicas responsables del otorgamiento de los beneficios derivados del sistema.
Se establece un sistema nacional de salud único y se obliga a las instituciones a consolidar y articular esfuerzos para lograr mejores condiciones de cobertura y calidad a un menor costo, por medio de la red integral pública de salud, formada por instituciones prestadoras de servicios del IHSS, entidades de la Secretaría de Salud y otras debidamente certificadas que se integren a esa red. Se define al rector y al asegurador del seguro de atención a la salud.
Se traslada a los empleadores la responsabilidad de cubrir adecuadamente los riesgos asociados al trabajo, requiriéndose una separación real contable de ese régimen, respeto al régimen de invalidez, vejez y muerte y alud.
Los diputados continuaron ayer en una maratónica sesión el debate de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, aprobando el 95% de los 58 artículos.
Se discute un nuevo dictamen, diferente al original enviado por el Poder Ejecutivo, ya que contempla los aportes de los diferentes sectores.
Como en la sesión del martes, ayer participaron representantes de las centrales obreras, sector empresarial, el asesor de la Presidencia de la República, Ebal Díaz, y los miembros de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Germán Leitzelar, Vilma Morales y Roberto Carlos Salinas.
En el nuevo dictamen se incorporan otros conceptos y se adecuaron conforme a los convenios internacionales; asimismo se reconocen derechos derivados de convenios internacionales.
En la ley se detallan con precisión los beneficios y servicios de cada régimen. Se expone y explica mejor la vocación de progresividad y gradualidad del piso de protección social (PPS) en búsqueda de su aplicación universal, a fin de no generar falsas expectativas.
Asimismo se definen las fuentes de financiamiento de cada régimen y se establecen de forma que permita la gradualidad financiera de su aplicación, pero de tal forma que su aplicación trascienda los cambios de Gobierno.
Para evitar el desorden presupuestario se establece el requerimiento de la asignación específica de recursos en el presupuesto de las entidades públicas responsables del otorgamiento de los beneficios derivados del sistema.
Se establece un sistema nacional de salud único y se obliga a las instituciones a consolidar y articular esfuerzos para lograr mejores condiciones de cobertura y calidad a un menor costo, por medio de la red integral pública de salud, formada por instituciones prestadoras de servicios del IHSS, entidades de la Secretaría de Salud y otras debidamente certificadas que se integren a esa red. Se define al rector y al asegurador del seguro de atención a la salud.
Se traslada a los empleadores la responsabilidad de cubrir adecuadamente los riesgos asociados al trabajo, requiriéndose una separación real contable de ese régimen, respeto al régimen de invalidez, vejez y muerte y alud.
