Tegucigalpa, Honduras.
Las deudas, las demandas en contra y la reducción de presupuesto tienen al Instituto Nacional Agrario (INA) al borde del colapso financiero.
Para evitar el cierre debido a esta crisis, las autoridades de la institución recurrirán a la venta de bienes del INA, con lo que pretenden estabilizar la situación económica y pagar sus cuentas pendientes.
Al INA le han reducido su presupuesto en unos 140 millones en los últimos dos años, informó su director Ramón Lara Buezo.
El Congreso Nacional le aprobó L256 millones para este año, pero estos no son suficientes, pues se requieren al menos L300 millones solo para cumplir con la masa salarial.
La administración pasada, que encabezó César Ham, contrató a unos 400 empleados adicionales y despidió a otros sin seguir los lineamientos establecidos por el Código del Trabajo, según denunciaron en su momento los dirigentes sindicales.
La gente despedida sin causas demandó al INA en los juzgados y ahora le toca a esta administración honrar estos compromisos. La mayoría de tierras que vendería el INA ahora están en posesión de campesinos y terratenientes.
Solo las empresas campesinas deben al INA unos L400 millones, afirmó.
“O nos pagan las tierras o nos las devuelven”, dijo el funcionario.
Las deudas, las demandas en contra y la reducción de presupuesto tienen al Instituto Nacional Agrario (INA) al borde del colapso financiero.
Para evitar el cierre debido a esta crisis, las autoridades de la institución recurrirán a la venta de bienes del INA, con lo que pretenden estabilizar la situación económica y pagar sus cuentas pendientes.
Al INA le han reducido su presupuesto en unos 140 millones en los últimos dos años, informó su director Ramón Lara Buezo.
El Congreso Nacional le aprobó L256 millones para este año, pero estos no son suficientes, pues se requieren al menos L300 millones solo para cumplir con la masa salarial.
La administración pasada, que encabezó César Ham, contrató a unos 400 empleados adicionales y despidió a otros sin seguir los lineamientos establecidos por el Código del Trabajo, según denunciaron en su momento los dirigentes sindicales.
La gente despedida sin causas demandó al INA en los juzgados y ahora le toca a esta administración honrar estos compromisos. La mayoría de tierras que vendería el INA ahora están en posesión de campesinos y terratenientes.
Solo las empresas campesinas deben al INA unos L400 millones, afirmó.
“O nos pagan las tierras o nos las devuelven”, dijo el funcionario.
