Tegucigalpa, Honduras.
Al menos seis demandas enfrenta el Estado de Honduras en diferentes cortes internacionales y en tres de estas está a un paso de recibir nuevas condenas por presuntas transgresiones a los derechos fundamentales de las personas.
Tres de los juicios se ventilan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tres restantes en tribunales de Estados Unidos, confirmó a LA PRENSA el subprocurador general de la República, Jorge Abilio Serrano.
En uno de los arbitrajes, uno de los demandantes exige una indemnización de más de 300 millones de dólares por violaciones a derechos ancestrales de propiedad desde principios del siglo pasado.
Históricamente, el Estado hondureño tiene en su haber un rosario de juicios por contravenciones a los derechos fundamentales que en la mayoría de los casos han resultado desfavorables, condenándolo al pago de millonarias indemnizaciones.
Uno de los seis juicios activos en este momento está relacionado con la separación en 2009 de cuatro jueces de los tribunales de justicia; pero también existe una denuncia en curso en el sistema interamericano por la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El primero de los casos se refiere al supuesto despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la exmagistrada Tirza Flores Lanza, hermana del exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, en 2009.
Los funcionarios judiciales fueron despedidos por manifestarse en contra de la destitución del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009.
A principios de febrero de este año, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, concluyó el juicio y convocó para este 3 de marzo a las partes para presentar sus conclusiones por escrito y luego dictar su fallo.
El otro caso que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, es la separación en 2012 de los magistrados de la Sala Constitucional Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz por parte del Congreso Nacional.
Los afectados acudieron al Sistema Interamericano alegando una serie de violaciones a derechos humanos y preceptos constitucionales. Este asunto se encuentra en proceso de admisibilidad en la CIDH y es casi un hecho que pasará a juicio ante la Corte Interamericana.
La exmagistrada Rosalinda Cruz detalló que su demanda se encuentra en proceso de estudio en la Comisión y posteriormente se procederá a solicitar un informe al Estado de Honduras de los motivos que dieron lugar a su destitución y la de sus tres compañeros. Dijo que el caso lleva más de dos años de haberse presentado. No obstante, indicó que la demanda tiene amplias posibilidades de prosperar en vista que existe jurisprudencia sobrada en casos similares llevados ante la Corte Interamericana y otras cortes europeas.
Puso como ejemplo el caso de los cuatro jueces destituidos en 2009 y dijo que si este juicio es resuelto favorablemente a los demandantes, es casi un hecho que ocurrirá lo mismo con ellos porque aquellos fueron nombrados, mientras que los magistrados de la Sala Constitucional destituidos surgieron de una elección de segundo grado.
Al menos seis demandas enfrenta el Estado de Honduras en diferentes cortes internacionales y en tres de estas está a un paso de recibir nuevas condenas por presuntas transgresiones a los derechos fundamentales de las personas.
Tres de los juicios se ventilan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tres restantes en tribunales de Estados Unidos, confirmó a LA PRENSA el subprocurador general de la República, Jorge Abilio Serrano.
En uno de los arbitrajes, uno de los demandantes exige una indemnización de más de 300 millones de dólares por violaciones a derechos ancestrales de propiedad desde principios del siglo pasado.
Históricamente, el Estado hondureño tiene en su haber un rosario de juicios por contravenciones a los derechos fundamentales que en la mayoría de los casos han resultado desfavorables, condenándolo al pago de millonarias indemnizaciones.
Uno de los seis juicios activos en este momento está relacionado con la separación en 2009 de cuatro jueces de los tribunales de justicia; pero también existe una denuncia en curso en el sistema interamericano por la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El primero de los casos se refiere al supuesto despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la exmagistrada Tirza Flores Lanza, hermana del exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, en 2009.
Los funcionarios judiciales fueron despedidos por manifestarse en contra de la destitución del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009.
A principios de febrero de este año, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, concluyó el juicio y convocó para este 3 de marzo a las partes para presentar sus conclusiones por escrito y luego dictar su fallo.
El otro caso que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, es la separación en 2012 de los magistrados de la Sala Constitucional Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz por parte del Congreso Nacional.
Los afectados acudieron al Sistema Interamericano alegando una serie de violaciones a derechos humanos y preceptos constitucionales. Este asunto se encuentra en proceso de admisibilidad en la CIDH y es casi un hecho que pasará a juicio ante la Corte Interamericana.
La exmagistrada Rosalinda Cruz detalló que su demanda se encuentra en proceso de estudio en la Comisión y posteriormente se procederá a solicitar un informe al Estado de Honduras de los motivos que dieron lugar a su destitución y la de sus tres compañeros. Dijo que el caso lleva más de dos años de haberse presentado. No obstante, indicó que la demanda tiene amplias posibilidades de prosperar en vista que existe jurisprudencia sobrada en casos similares llevados ante la Corte Interamericana y otras cortes europeas.
Puso como ejemplo el caso de los cuatro jueces destituidos en 2009 y dijo que si este juicio es resuelto favorablemente a los demandantes, es casi un hecho que ocurrirá lo mismo con ellos porque aquellos fueron nombrados, mientras que los magistrados de la Sala Constitucional destituidos surgieron de una elección de segundo grado.
Otras demandas
También la CIDH se pronunciará próximamente sobre las demandas interpuestas por las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz y Punta de Piedra en el departamento de Atlántida.
En el año 2003, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) interpuso una denuncia ante la CIDH en relación con los despojos de propiedad y violaciones a los derechos humanos en detrimento del territorio y pueblo afrodescendiente, específicamente en las dos poblaciones.
El subprocurador indicó que las demandas de las comunidades garífunas están pendientes de sentencia, pues ya concluyó la etapa de presentación de alegatos por escrito y la Corte solicitó las aclaraciones, observaciones y autos para proceder a dictar su fallo.
En el caso de los jueces destituidos, indicó que esta semana están convocados para formular los alegatos por escrito y luego se pasará a dictar la sentencia.
Probabilidades
Serrano reconoció que históricamente las sentencias de la CIDH han sido desfavorables al Estado, por lo que puede ocurrir lo mismo en estos casos, aunque la Procuraduría ha hecho todo lo que compete para evitar que sean negativos.
“La experiencia en el sistema interamericano es que los casos que llegan a la CIDH son muy remotas las probabilidades de ganarlos y hasta la fecha los Estados solo han ganado dos casos desde 1979, año en el que se creó la Corte”, refirió.
Los juicios que se ventilan en cortes de EUA están activos y uno de ellos resultó favorable al Estado de Honduras.
