Tegucigalpa, Honduras.
El Estado bloqueará los servicios de Internet y otro tipo de comunicación dentro y en los alrededores de los centros penales con el fin de evitar que los privados de libertad utilicen estos servicios para continuar las extorsiones y ordenar otros delitos desde las principales cárceles del país en perjuicio de la ciudadanía.
La iniciativa obedece a que ante el bloqueo de celulares ordenado por el Gobierno, los reos ha modificado sus procedimientos criminales y se ha logrado detectar que algunos utilizan el servicio de Internet abierto que existe en los alrededores de los presidios para continuar extorsionando u ordenando asesinatos.
También se ha detectado que algunos privados de libertad emplean servicios de telefonía satelital para seguir dirigiendo sus actividades delictivas.
Ante esa situación, la semana anterior se introdujo al Congreso Nacional una reforma al decreto 255-2013, contentivo de la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales PCS en centros penales del país, con el objetivo de endurecer las medidas y las penas a quienes usen o faciliten esa tecnología.
El diputado nacionalista por Santa Bárbara y secretario del Legislativo, Mario Pérez, presentó la iniciativa que modifica el decreto que regula los servicios de telefonía móvil celular a fin de ampliar la prohibición a Internet y otras formas de comunicación en las cárceles, así como ampliar las sanciones en caso de incumplirse las medidas.
Contenido
El artículo 1 del proyecto prohíbe la prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios, granjas penales y locales de internamiento de menores del país. Por consiguiente, los proveedores de todo tipo de servicios de telecomunicaciones autorizados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberán implementar medidas técnicas que bloqueen estos servicios dentro de los recintos. Los operadores de los servicios PCS están obligados a instalar bloqueadores de señales en los penales y en aquellos centros de internamiento de menores que defina la Secretaría Seguridad.
Tomás Zambrano, presidente de la comisión de seguridad, dijo a LA PRENSA que se ha evidenciado que los privados de libertad están implementado otros servicios de telecomunicaciones para comunicarse fuera de los recintos donde están recluidos, aprovechando la tecnología de las telecomunicaciones.
“Se ha encontrado que están utilizando redes de Internet o redes de wifi con programas como Skype y Facebook, por medio del cual se pueden hacer llamadas telefónicas. También hemos encontrado que algunos reos han introducido teléfonos satelitales”, reveló.
Precisó que la ley solo hablaba del bloqueo de servicios de telefonía celular. Además endurecerán las sanciones a quienes posean un aparato telefónico en las cárceles o los faciliten a los privados de libertad.
El Estado bloqueará los servicios de Internet y otro tipo de comunicación dentro y en los alrededores de los centros penales con el fin de evitar que los privados de libertad utilicen estos servicios para continuar las extorsiones y ordenar otros delitos desde las principales cárceles del país en perjuicio de la ciudadanía.
La iniciativa obedece a que ante el bloqueo de celulares ordenado por el Gobierno, los reos ha modificado sus procedimientos criminales y se ha logrado detectar que algunos utilizan el servicio de Internet abierto que existe en los alrededores de los presidios para continuar extorsionando u ordenando asesinatos.
También se ha detectado que algunos privados de libertad emplean servicios de telefonía satelital para seguir dirigiendo sus actividades delictivas.
Ante esa situación, la semana anterior se introdujo al Congreso Nacional una reforma al decreto 255-2013, contentivo de la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales PCS en centros penales del país, con el objetivo de endurecer las medidas y las penas a quienes usen o faciliten esa tecnología.
El diputado nacionalista por Santa Bárbara y secretario del Legislativo, Mario Pérez, presentó la iniciativa que modifica el decreto que regula los servicios de telefonía móvil celular a fin de ampliar la prohibición a Internet y otras formas de comunicación en las cárceles, así como ampliar las sanciones en caso de incumplirse las medidas.
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El artículo 1 del proyecto prohíbe la prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios, granjas penales y locales de internamiento de menores del país. Por consiguiente, los proveedores de todo tipo de servicios de telecomunicaciones autorizados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberán implementar medidas técnicas que bloqueen estos servicios dentro de los recintos. Los operadores de los servicios PCS están obligados a instalar bloqueadores de señales en los penales y en aquellos centros de internamiento de menores que defina la Secretaría Seguridad.
Tomás Zambrano, presidente de la comisión de seguridad, dijo a LA PRENSA que se ha evidenciado que los privados de libertad están implementado otros servicios de telecomunicaciones para comunicarse fuera de los recintos donde están recluidos, aprovechando la tecnología de las telecomunicaciones.
“Se ha encontrado que están utilizando redes de Internet o redes de wifi con programas como Skype y Facebook, por medio del cual se pueden hacer llamadas telefónicas. También hemos encontrado que algunos reos han introducido teléfonos satelitales”, reveló.
Precisó que la ley solo hablaba del bloqueo de servicios de telefonía celular. Además endurecerán las sanciones a quienes posean un aparato telefónico en las cárceles o los faciliten a los privados de libertad.
