Tegucigalpa, Honduras
El exministro de Seguridad, Arturo Corrales, afirmó ayer que existen pruebas para fortalecer el requerimiento fiscal en contra de los Tigres involucrados en el millonario hurto a los hermanos Valle Valle.
La Fiscalía presentó requerimiento contra nueve elementos: Obed Mencía, Gerson Alemán, Eswin Midence, Elmer Mendoza, Alejandro Díaz, Lot Pérez Avelar, Luis Godoy, Guillermo Urbina y el oficial Pedro Zúniga.
“Hay confesiones en video, confesiones por escrito con huellas digitales, hay suficiente información para concluir la investigación”, aseveró Corrales.
El funcionario dijo además que los elementos de la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico asignados a la Embajada de Estados Unidos fueron sometidos a investigación, pero será la Fiscalía que determine si tiene alguna responsabilidad en el ilícito.
“Yo le dejo eso a la fiscalía y en el cruce de información van a ir a encontrado las incongruencias”, dijo Corrales.
Se menciona que los miembros de esta dependencia élite estaban a cargo del rastreo y captura de los dos hermanos Valle Valle y tras la captura fueron sacados del país por amenazas contra su vida.
El vocero de la secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, dijo que al existir los primeros requerimientos contra los involucrados en el robo, procede que estos se presenten ante la autoridad o serán buscados por la Policía.
Al oficial se le consultó si sabe dónde se encuentran los agentes involucrados y dijo: “no sabemos con precisión dónde están, porque sino ya los hubiéramos detenido y si se cuenta con la orden de captura se detienen y se ponen a la orden de los tribunales correspondientes”.
“Ellos estaban suspendidos de sus actividades para que en ningún momento se entorpeciera la investigación de su supuesta participación en la sustracción de este dinero cuando realizaron la incautación de más de 11 millones de dólares a los hermanos Valle Valle”.
“La Policía Nacional se compromete a que este hecho no quede en la impunidad. Todos los integrantes de esta noble institución estamos conscientes y convencidos de que debemos trabajar con la mayor transparencia y mayor ética profesional”, apuntó.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, ha expresado su preocupación por la acusación, porque “únicamente se acusó por un delito de violación a los deberes de los funcionarios y este es un delito que se puede decir de baja pena”.
“Por lo tanto estamos muy atentos a la audiencia inicial, para saber si en la misma se va acreditar otros tipos de delitos y aportar las pruebas correspondientes para otra tipificación legal”.
“Pero sí me preocupa de que hasta este momento solo ha habido una acusación por el delito de violación a los deberes”, agregó.
