San Pedro Sula, Honduras.
Dos años después de que el Gobierno transfirió L30 millones de la tasa de seguridad a la Municipalidad de San Pedro Sula, los fondos siguen engavetados en una cuenta bancaria.
Los registros financieros muestran que el Gobierno realizó en septiembre de 2013 la primera transferencia de la tasa por L15 millones y una cantidad similar un mes después, lo que suma L30 millones.
La cuenta ha generado intereses, cuyo monto se desconoce. Claudio Rojas, gerente de Finanzas de la alcaldía, lo confirma.
Estos L30 millones permanecían hasta mayo pasado en el Fideicomiso MSPS/Seguridad de Banco del País, en la cuenta 21-001-037558-9. En junio hubo cambio y Ficohsa pasó a administrar esos recursos.
La Secretaría de Seguridad, alcaldía y operadores de justicia son los encargados de gestionar esos fondos, según lo establecido en el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana de San Pedro Sula para el período 2013-2018.
Este documento incluye también al Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, presidido por el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, y como vicepresidente, Ernesto Lazarus, representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
Además, lo integran el pastor Misael Argeñal, el empresario Javier Simán; Roberto Romero Luna, gerente de Prevención, Seguridad y Transporte de la alcaldía, y monseñor Ángel Garachana.
El plan atribuye obligaciones a cada institución, pero los actores, que prefieren permanecer en el anonimato, consideran que están desfasados en el cumplimiento.
Asimismo, el plan está desactualizado porque se tendría que involucrar a la Policía Militar y otros organismos.
Según las investigaciones, la primera inversión de la tasa de seguridad que sería transferida a la alcaldía serviría para comprar 30 vehículos que fueron previstos como prioridad en el Plan de Ciudad de Armando Calidonio.
Se hizo la licitación, sin embargo, se declaró fracasada; pues no se cumplieron los requerimientos establecidos en las bases de licitación. Ya se prepara una nueva.
“Hasta ahora no ha sido posible hacer uso de esos recursos (L30 millones), ya que la sana intención que se tenía de adquirir 30 autos no prosperó por razones de procedimiento”, manifiesta Roberto Romero Luna.
Penal en el olvido
En otra reunión se aprobó un proyecto de reinserción penitenciaria con la Pastoral de la Iglesia Católica para dotar de equipo a los talleres del presidio sampedrano. Se destinarían L10 millones en un plazo de dos años.
Lo anterior ni siquiera ha comenzado. Más bien, la Pastoral penitenciaria lucha por comprar madera para una carpintería y poder emplear a exreos que no encuentran un puesto de trabajo.
Zobeyda Mendoza, coordinadora de la pastoral penitenciaria, asegura que no han recibido fondos provenientes de la tasa de seguridad para apoyar los talleres en el centro penal y que, en efecto, se presentó un proyecto.
“Luchamos por apoyar a las personas que están adentro y las que salen, puesto que no tienen oportunidad de un trabajo y las necesidades son grandes”, expresa.
También pretenden hacer inyecciones económicas a programas de prevención de violencia contra mujeres y otros programas sociales.
Lo destacable es que el Consejo cumplió los lineamientos de participación ciudadana que establece el Plan de Seguridad Local para decidir las inversiones y priorizarlas.
Hoy entra también en escena la dotación de 2,300 cámaras de seguridad a la ciudad como parte del Plan de Gobierno.
Estrategias
Roberto Romero Luna apunta que en San Pedro Sula se trabaja con estrategias definidas.
Por ejemplo, los cuerpos de seguridad del Estado laboran en función de los homicidios, violencia y criminalidad. La alcaldía se involucra en el ámbito de prevención social y control; por eso se creó la Policía Municipal y los Amigos Municipales de Tránsito (AMT).
No obstante, Romero Luna aclara que los policías municipales no pueden disuadir ni controlar el delito, debido a que es una función exclusiva del Estado que ejecuta a través de la Policía Nacional y Militar.
“Estamos interesados en la prevención. En el año 2014 se hicieron enormes esfuerzos. La dotación de carros a la Policía Nacional y Municipal para hacer sus actividades no se cumplió porque no se pudo disponer de los fondos de la tasa de seguridad debido a un problema administrativo”, subraya el funcionario.
Un vistazo a compromisos
Romero Luna reconoce que el Plan de Seguridad está desfasado. Sin embargo, en los próximos días se realizará una veeduría sobre los avances en los compromisos de la organización civil, autoridades municipales, policiales y judiciales.
“Acá es donde podemos rescatar los resultados que se han tenido. Debo decir que ningún documento está escrito simplemente para convencer a alguna persona, pues su contenido es flexible”, señala el gerente de Prevención de la alcaldía sampedrana.
En tanto, Ernesto Lazarus, vicepresidente del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, confirma que ya se trabaja en los planteamientos mencionados y que como Cámara de Comercio hacen su trabajo.
El empresario no da más detalles, pero dice que habrá noticias en los próximos días.
Dos años después de que el Gobierno transfirió L30 millones de la tasa de seguridad a la Municipalidad de San Pedro Sula, los fondos siguen engavetados en una cuenta bancaria.
Los registros financieros muestran que el Gobierno realizó en septiembre de 2013 la primera transferencia de la tasa por L15 millones y una cantidad similar un mes después, lo que suma L30 millones.
La cuenta ha generado intereses, cuyo monto se desconoce. Claudio Rojas, gerente de Finanzas de la alcaldía, lo confirma.
Estos L30 millones permanecían hasta mayo pasado en el Fideicomiso MSPS/Seguridad de Banco del País, en la cuenta 21-001-037558-9. En junio hubo cambio y Ficohsa pasó a administrar esos recursos.
La Secretaría de Seguridad, alcaldía y operadores de justicia son los encargados de gestionar esos fondos, según lo establecido en el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana de San Pedro Sula para el período 2013-2018.
Este documento incluye también al Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, presidido por el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, y como vicepresidente, Ernesto Lazarus, representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
Además, lo integran el pastor Misael Argeñal, el empresario Javier Simán; Roberto Romero Luna, gerente de Prevención, Seguridad y Transporte de la alcaldía, y monseñor Ángel Garachana.
El plan atribuye obligaciones a cada institución, pero los actores, que prefieren permanecer en el anonimato, consideran que están desfasados en el cumplimiento.
Asimismo, el plan está desactualizado porque se tendría que involucrar a la Policía Militar y otros organismos.
Según las investigaciones, la primera inversión de la tasa de seguridad que sería transferida a la alcaldía serviría para comprar 30 vehículos que fueron previstos como prioridad en el Plan de Ciudad de Armando Calidonio.
Se hizo la licitación, sin embargo, se declaró fracasada; pues no se cumplieron los requerimientos establecidos en las bases de licitación. Ya se prepara una nueva.
“Hasta ahora no ha sido posible hacer uso de esos recursos (L30 millones), ya que la sana intención que se tenía de adquirir 30 autos no prosperó por razones de procedimiento”, manifiesta Roberto Romero Luna.
Penal en el olvido
En otra reunión se aprobó un proyecto de reinserción penitenciaria con la Pastoral de la Iglesia Católica para dotar de equipo a los talleres del presidio sampedrano. Se destinarían L10 millones en un plazo de dos años.
Lo anterior ni siquiera ha comenzado. Más bien, la Pastoral penitenciaria lucha por comprar madera para una carpintería y poder emplear a exreos que no encuentran un puesto de trabajo.
Zobeyda Mendoza, coordinadora de la pastoral penitenciaria, asegura que no han recibido fondos provenientes de la tasa de seguridad para apoyar los talleres en el centro penal y que, en efecto, se presentó un proyecto.
“Luchamos por apoyar a las personas que están adentro y las que salen, puesto que no tienen oportunidad de un trabajo y las necesidades son grandes”, expresa.
También pretenden hacer inyecciones económicas a programas de prevención de violencia contra mujeres y otros programas sociales.
Lo destacable es que el Consejo cumplió los lineamientos de participación ciudadana que establece el Plan de Seguridad Local para decidir las inversiones y priorizarlas.
Hoy entra también en escena la dotación de 2,300 cámaras de seguridad a la ciudad como parte del Plan de Gobierno.
| Un segundo proyecto aprobado por el comité era la dotación de L10 millones para talleres en el penal: esto no se cumplió.
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Roberto Romero Luna apunta que en San Pedro Sula se trabaja con estrategias definidas.
Por ejemplo, los cuerpos de seguridad del Estado laboran en función de los homicidios, violencia y criminalidad. La alcaldía se involucra en el ámbito de prevención social y control; por eso se creó la Policía Municipal y los Amigos Municipales de Tránsito (AMT).
No obstante, Romero Luna aclara que los policías municipales no pueden disuadir ni controlar el delito, debido a que es una función exclusiva del Estado que ejecuta a través de la Policía Nacional y Militar.
“Estamos interesados en la prevención. En el año 2014 se hicieron enormes esfuerzos. La dotación de carros a la Policía Nacional y Municipal para hacer sus actividades no se cumplió porque no se pudo disponer de los fondos de la tasa de seguridad debido a un problema administrativo”, subraya el funcionario.
Un vistazo a compromisos
Romero Luna reconoce que el Plan de Seguridad está desfasado. Sin embargo, en los próximos días se realizará una veeduría sobre los avances en los compromisos de la organización civil, autoridades municipales, policiales y judiciales.
“Acá es donde podemos rescatar los resultados que se han tenido. Debo decir que ningún documento está escrito simplemente para convencer a alguna persona, pues su contenido es flexible”, señala el gerente de Prevención de la alcaldía sampedrana.
En tanto, Ernesto Lazarus, vicepresidente del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, confirma que ya se trabaja en los planteamientos mencionados y que como Cámara de Comercio hacen su trabajo.
El empresario no da más detalles, pero dice que habrá noticias en los próximos días.
