Tegucigalpa, Honduras
A pesar de la petición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), de revisar de nuevo y tomar en cuenta otras observaciones, ayer el Congreso Nacional aprobó en segundo debate hasta el artículo 16 del anteproyecto de la Ley Marco del Sistema de Protección Social para una Vida Mejor.
La normativa fue enviada al Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández y dictaminado por una comisión especial nombrada por el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva y encabezada por el diputado José Tomás Zambrano.
Según las autoridades del Congreso el anteproyecto de ley fue ampliamente consensuado con diversos sectores como organismos internacionales, centrales obreras y sector empresarial, instituciones de previsión social, colegios profesionales, asociaciones de jubilados, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), las secretarías de Salud, Trabajo y Educación y hospitales privados, entre otros.
Sin embargo, Aline Flores, presidenta del Cohep, ha dicho que ha solicitado a los representantes del sector obrero y Gobierno continuar con el diálogo para buscar acuerdos en aquellos aspectos que puedan poner en riesgo el capital y el trabajo.
“Como sector privado somos los más interesados, la mayoría de los empleados del Gobierno tienen sus sistemas, Inprema, Injupemp, IPM; pero la gran masa de nuestra gente no, nosotros también estamos urgidos, pero no sacrifiquemos los mismos puestos de estos trabajadores o futuros puestos si no lo hacemos de una manera ordenada”, asegura.
Entre los efectos negativos para el sector empresarial mencionan el encarecimiento del empleo por mayores contribuciones económicas, lo que puede revertirse de aplicarse de manera gradual.
Entre los riesgos que el sector privado avizora de no hacerse los correctivos necesarios destacan la fuga de inversiones y, por ende, la menor generación de fuentes de empleo.
Para el Gobierno, en el anteproyecto se incorporan nuevos conceptos, se establecen claramente las fuentes de financiamiento, así como la gradualidad y progresividad, permite la contratación privada siempre y cuando el servicio sea mejor al que presenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
A pesar de la petición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), de revisar de nuevo y tomar en cuenta otras observaciones, ayer el Congreso Nacional aprobó en segundo debate hasta el artículo 16 del anteproyecto de la Ley Marco del Sistema de Protección Social para una Vida Mejor.
La normativa fue enviada al Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández y dictaminado por una comisión especial nombrada por el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva y encabezada por el diputado José Tomás Zambrano.
Según las autoridades del Congreso el anteproyecto de ley fue ampliamente consensuado con diversos sectores como organismos internacionales, centrales obreras y sector empresarial, instituciones de previsión social, colegios profesionales, asociaciones de jubilados, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), las secretarías de Salud, Trabajo y Educación y hospitales privados, entre otros.
Sin embargo, Aline Flores, presidenta del Cohep, ha dicho que ha solicitado a los representantes del sector obrero y Gobierno continuar con el diálogo para buscar acuerdos en aquellos aspectos que puedan poner en riesgo el capital y el trabajo.
“Como sector privado somos los más interesados, la mayoría de los empleados del Gobierno tienen sus sistemas, Inprema, Injupemp, IPM; pero la gran masa de nuestra gente no, nosotros también estamos urgidos, pero no sacrifiquemos los mismos puestos de estos trabajadores o futuros puestos si no lo hacemos de una manera ordenada”, asegura.
Entre los efectos negativos para el sector empresarial mencionan el encarecimiento del empleo por mayores contribuciones económicas, lo que puede revertirse de aplicarse de manera gradual.
Entre los riesgos que el sector privado avizora de no hacerse los correctivos necesarios destacan la fuga de inversiones y, por ende, la menor generación de fuentes de empleo.
Para el Gobierno, en el anteproyecto se incorporan nuevos conceptos, se establecen claramente las fuentes de financiamiento, así como la gradualidad y progresividad, permite la contratación privada siempre y cuando el servicio sea mejor al que presenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
