Tegucigalpa, Honduras.
El sector empresarial está alerta porque los beneficios anunciados por el Gobierno en la nueva Ley Marco de Seguridad Social pueden resultar contraproducentes para las medianas y grandes empresas y el mercado laboral. Los sectores involucrados han presentado propuestas; sin embargo, hay varios temas en donde las partes no han logrado consensos, como la administración de los fondos de revisión, las inversiones y el fondo de cesantía.
Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ha solicitado a los representantes del sector obrero y Gobierno continuar con el diálogo para buscar acuerdos en aquellos aspectos que puedan poner en riesgo el capital y el trabajo.
“Como sector privado somos los más interesados, la mayoría de los empleados del Gobierno tienen sus sistemas, Inprema, Injupemp, IPM; pero la gran masa de nuestra gente no, nosotros también estamos urgidos, pero no sacrifiquemos los mismos puestos de estos trabajadores o futuros puestos si no lo hacemos de una manera ordenada”, asegura.
“No estamos pidiendo nada fuera de todo esquema. No podemos irnos en contra de algunos acuerdos o convenios colectivos que se han dado, hay empresas que han firmado contratos colectivos y habrá que tener cuidado para saber cómo serán los temas transitorios”, manifiesta. Deja claro que los sistemas de pensiones deben tener un grado de flexibilidad porque tienen que irse adaptando a aspectos como la longevidad, la mortalidad, condiciones laborales, entre otros factores. Agrega que las partes han trabajado en los últimos seis meses, hay consensos en gran parte del contenido de la nueva Ley de Seguridad Social, pero aún falta ponerse de acuerdo en puntos que son cruciales.
Entre los efectos negativos para el sector empresarial mencionan el encarecimiento del empleo por mayores contribuciones económicas, lo que puede revertirse de aplicarse de manera gradual. Entre los riesgos que el sector privado avizora de no hacerse los correctivos necesarios destacan la fuga de inversiones y, por ende, la menor generación de fuentes de empleo.
“Esta no es una amenaza, es la pura realidad, encarecer el empleo no nos ayuda a cumplir las expectativas que tenemos, el trabajo se puede sustituir por maquinaria o se buscan otros lugares en donde las gestiones son más ágiles”.
El sector empresarial está alerta porque los beneficios anunciados por el Gobierno en la nueva Ley Marco de Seguridad Social pueden resultar contraproducentes para las medianas y grandes empresas y el mercado laboral. Los sectores involucrados han presentado propuestas; sin embargo, hay varios temas en donde las partes no han logrado consensos, como la administración de los fondos de revisión, las inversiones y el fondo de cesantía.
Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ha solicitado a los representantes del sector obrero y Gobierno continuar con el diálogo para buscar acuerdos en aquellos aspectos que puedan poner en riesgo el capital y el trabajo.
“Como sector privado somos los más interesados, la mayoría de los empleados del Gobierno tienen sus sistemas, Inprema, Injupemp, IPM; pero la gran masa de nuestra gente no, nosotros también estamos urgidos, pero no sacrifiquemos los mismos puestos de estos trabajadores o futuros puestos si no lo hacemos de una manera ordenada”, asegura.
“No estamos pidiendo nada fuera de todo esquema. No podemos irnos en contra de algunos acuerdos o convenios colectivos que se han dado, hay empresas que han firmado contratos colectivos y habrá que tener cuidado para saber cómo serán los temas transitorios”, manifiesta. Deja claro que los sistemas de pensiones deben tener un grado de flexibilidad porque tienen que irse adaptando a aspectos como la longevidad, la mortalidad, condiciones laborales, entre otros factores. Agrega que las partes han trabajado en los últimos seis meses, hay consensos en gran parte del contenido de la nueva Ley de Seguridad Social, pero aún falta ponerse de acuerdo en puntos que son cruciales.
Entre los efectos negativos para el sector empresarial mencionan el encarecimiento del empleo por mayores contribuciones económicas, lo que puede revertirse de aplicarse de manera gradual. Entre los riesgos que el sector privado avizora de no hacerse los correctivos necesarios destacan la fuga de inversiones y, por ende, la menor generación de fuentes de empleo.
“Esta no es una amenaza, es la pura realidad, encarecer el empleo no nos ayuda a cumplir las expectativas que tenemos, el trabajo se puede sustituir por maquinaria o se buscan otros lugares en donde las gestiones son más ágiles”.
Añade que muchos consideran que elevar las aportaciones de 6.5% a 10% es poco, pero lo que no entienden es que solo una pequeña cantidad de empresas pagan RAP y Seguro Social, porque las que tienen menos de 10 empleados y las maquilas no cotizan al Régimen de Aportaciones Privadas, las que deberán pasar de pagar 3% a 10%.
