Tegucigalpa, Honduras.
La Corte de Apelaciones confirmó ayer el auto de formal procesamiento con prisión preventiva dictado por los Juzgados con Jurisdicción Nacional en contra de Kevin Joshua Solórzano Hernández, acusado por el asesinato contra el exfiscal Edwin Geovanny Eguigure, ocurrido el 11 de noviembre de 2014, en la aldea El Chimbo, municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.
En la resolución se establece que la defensa del universitario no pudo desvanecer los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, entre ellos que “no existió tráfico de llamadas entre el imputado y Luis Felipe Berríos”, compañero que le dio jalón a Solórzano Hernández hacia el Centro Universitario Tecnológico el día que ocurrió el hecho.
La resolución explica que el vaciado telefónico no fue solicitado ante autoridad judicial o fiscal o mediante designación pericial, para garantizar que el emisor sea responsable de su contenido.
Además, no se sabe quién emite (el vaciado), pues el documento se encuentra firmado en tinta roja, sin tener nombres y apellidos de quién brinda dicha “información”.
Tampoco tiene fecha de emisión ni sello del departamento emisor, por lo que no es confiable.
Es por eso que el documento, con la prueba evacuada en segunda instancia, fue desacreditado con relación a su contenido. Asimismo, agrega que “sus testimonios (de los testigos de la defensa) no han podido corroborarse con un medio de prueba objetivo y confiable”.
Al respecto, Jair López, apoderado legal del estudiante de Ingeniería, aseguró que en el caso del cruce de llamadas, el vaciado telefónico estaba incompleto, por lo cual han solicitado al Ministerio Público que se tome la declaración de uno de los funcionarios de la empresa de telefonía celular para que dé una explicación.
También solicitaron que se obtengan los protocolos de cómo se realizaron los retratos hablados de los presuntos asesinos, que se adjunten al expediente las investigaciones realizadas por los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), entre otras peticiones, a las cuales la Fiscalía no ha dado respuesta alguna.
El abogado también denunció ante la Fiscalía que los vecinos de Kevin Solórzano “fueron citados e intimidados por la Policía Militar, a fin de que dijeran que Kevin los estaba involucrando y de esta manera lograr declaraciones en contra o que se abstuvieran de declarar a favor de él”.
Con el fallo del Tribunal de alzada, se deberá esperar la realización de la audiencia preliminar para determinar si el caso será elevado a juicio oral y público.
Por su parte, el abogado defensor expresó que si el caso va a juicio oral o no depende de Ministerio Público, ya que de acceder a las peticiones hechas por la defensa, consistente en nueve puntos, se podría acreditar la inocencia de su defendido.
