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Iglesia Católica respalda la Alianza para la Prosperidad

  • 02 febrero 2015 /

Tegucigalpa, Honduras.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez garantizó ayer el respaldo de la Iglesia Católica al Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) que impulsan Honduras, Guatemala y El Salvador.

Afirmó que existe un diálogo con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para acercarse al Gobierno norteamericano y concretar el apoyo a Centroamérica.

Rodríguez expresó que espera que el Congreso estadounidense haga prevalecer el bien común aprobando los recursos establecidos para atender la necesidades de la región y evitar la migración de niños y adultos.

“Debemos recordar que a veces ellos (congresistas) hacen prevaler primero la política antes que el bien común, pero de todas maneras tratándose de una obra tan bella para ayudar a la gente pobre y para evitar que nuestros jóvenes migren de una manera clandestina y tan peligrosa, lo mejor es que puedan apoyar ese plan”, dijo.

“Hay un diálogo con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, concretamente el arzobispo de Washington, que es uno de los grandes impulsores para el apoyo a este programa”, subrayó.

“Para nosotros es muy importante que se creen oportunidades, con el fin de que los jóvenes en Honduras puedan encontrar la manera de trabajar y así ayudar a sus familias. No es necesario que dejen el país”.

El prelado agradeció la labor que actualmente realizan las hermanas Misioneras de San Carlos en la atención de decenas de compatriotas que a diario son deportados de México y Estados Unidos.

El cardenal mencionó que el país ya está dando pasos para mejorar la seguridad ciudadana.

Sostuvo que las incautaciones de propiedades y extradición de personas vinculadas al narcotráfico han provocado un impacto positivo.

“Está disminuyendo la inseguridad y esta es una noticia positiva. Fíjense que desde que se comenzó a confiscar las propiedades de personas dedicadas al narconegocio y se empezó a extraditar a algunos de ellos, la violencia ha comenzado a disminuir”.

Afirmó que las extradiciones deben continuar tal como establecen las leyes hondureñas.