San Pedro Sula, Honduras.
El apoderado legal de Ada Esperanza Muñoz, presentó un recurso de apelación para que se modifique la medida de prisión preventiva a la de arresto domiciliario.
Este recurso interpuesto por el abogado defensor de la imputada, Allan Reyes, se deriva por una inconformidad, ya que la jueza que conoce el caso no celebró la audiencia que estaba solicitando para revisar las medidas y denegó la solicitud.
El apoderado alega el estado de salud de la defendida y que por los únicos dos delitos que se le dictó auto de prisión, que son fraude y abuso de autoridad, no merece prisión preventiva por ser de pena mínima.
No obstante, el Ministerio Público considera que la resolución de la jueza está apegada a derecho porque en ningún momento la defensa ha desvanecido los elementos que orillaron a mantenerla recluida en el presidio de San Pedro Sula.
Según la Fiscalía, la imputada nunca tuvo la disponibilidad de someterse al debido proceso, prueba de ello es el año que estuvo prófuga; además, su abogado no presentó ningún escrito ante el tribunal, haciendo ver la intención de Muñoz de acudir voluntariamente al juzgado, por lo que siempre se mantuvo la tesis de un peligro de fuga.
El Ministerio Público establece también que el hecho de que el Juzgado le haya otorgado sobreseimiento definitivo en el delito de defraudación fiscal no significa que prescribió, porque la Fiscalía apeló dicha resolución.
Según la Fiscalía, los informes de auditoría establecen la acción irregular en perjuicio de la administración pública en la que supuestamente incurrió la empleada municipal.
Es el segundo intento del apoderado legal para que se cambien las medidas y que se celebre la audiencia a fin de presentar los dictámenes médicos y establecer que esos delitos por los que guarda prisión son menos graves.
El abogado defensor, Allan Reys confirmó que presentó el recurso de apelación hace unos días.
“Ella ya tiene antecedentes de salud documentados de que ha estado mal. Tiene un problema en las rodillas que es progresivo. Por el delito que ahora se le acusa que es por fraude no habría peligro de fuga”, explicó.
La exjefa sigue recluida en el área de enfermería del penal sampedrano y recibe, según su abogado, atenciones médicas. “Se busca que pueda tener un tratamiento fuera de ahí y que se someta al juicio, para lo que falta bastante tiempo, unos seis meses. Lo que sigue es una audiencia preliminar”.
