Ganarle demandas al Estado de Honduras se volverá complicado a partir de 2015, ya que el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, ordenó una intervención a todo el aparato judicial, incluidos abogados privados.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Abraham Alvarenga, aseguró a LA PRENSA que así como se han perdido demandas, también se han ganado en los tribunales, lo que ha permitido que el Estado no pague más de L2,000 millones.
Además, confesó que la demanda que ganó Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. en 2010 por L430.8 millones no es la cuantía más grande que la PGR está litigando.
Ahora nos corresponde esperar que contesten los agravios los demandantes y que remitan el expediente a la Corte de Apelaciones para que ellos puedan revisar el fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia. Esto durará todo el año que viene.
La demanda la ganaron en 2010, no se les ha pagado nada. Lo que estamos buscando es delimitar la responsabilidad. Mientras nosotros no tengamos instrucciones precisas de llegar a un arreglo conciliatorio de pago o entrar en ese proceso, nuestra responsabilidad es agotar todos los recursos.
Tradeco es una de las más grandes, pero en la actualidad estamos llevando una demanda más grande contra el Instituto de la Propiedad por L900 millones. Esa es la más grande.
Ya se informó al respecto. El proceso está pendiente de sentencia. La pretensión del demandante es alta, pero no se lo van a dar.
Puede ser mala actuación de funcionarios, mal manejo de los casos de parte de agentes de procuración, avaricia de algunos abogados privados, o puede ser también que dentro de los operadores de justicia, dentro de la Corte Suprema, exista alguna situación irregular que hay que revisar.
Correcto. La facultad del Presidente es velar por la administración general del Estado y al ver las cuantías de estas demandas pueden desestabilizar las finanzas públicas de algunas Secretarías. Es obligación del Presidente salir al paso y exigir explicaciones más resultados, además de que se deduzcan responsabilidades si la hay.
Es lo injusto de esto. Hay que manejarlo en su contexto, es toda una estructura la que funciona en estos casos, desde el funcionario, administradores, auditorías internas, secretarios de Estado, abogados que interactúan en el trámite de reclamos administrativos. Cuando la PGR interviene es cuando la demanda ya está en los juzgados. Corresponde a los juzgados a quien le da la razón en los alegatos judiciales donde la Procuraduría General de la República representa al Estado.
Es más fácil para los juzgados, de repente, inclinarse por el otro lado. Luego vienen las repercusiones, por eso es que hay que analizar a fondo a los operadores de justicia.
Hay que fortalecerlos, por eso hicimos una propuesta de fortalecimiento de manera que pueda haber supervisión, control, inspectoría, en todos los departamentos legales de las Secretarías de Estado, de modo que haya una cohesión con la PGR y una vinculación directa para que se disminuyan las posibilidades de que por errores se pierdan los juicios.
Ya están falladas muchas de ellas y gracias a Dios los resultados han sido muy positivos. Seguimos litigando.