Tegucigalpa, Honduras.
El Juzgado de Letras de lo Penal giró orden de captura en contra del extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Rosario Bonano.
La medida fue dictada por el caso que desde 2011 sostiene la Fiscalía contra la Corrupción en su contra basado en el informe especial de obras públicas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El documento pone de manifiesto irregularidades en el proyecto Construcción y pavimentación de la carretera La Esperanza-Marcala, sección II, que comprendió el período entre el 28 de julio de 2003 y el 30 de septiembre de 2009.
La orden de captura contra el exfuncionario de la administración de Manuel Zelaya fue librada el pasado viernes, luego de que dos auditores del TSC declararan sobre el caso ante el Juzgado.
Durante el proceso, la defensa perdió el recurso de casación, se le ordenó rendir una fianza por L13 millones y quedó el informe vigente sin ser desvanecido en ninguno de los puntos.
Según el reporte del TSC respecto al proyecto carretero La Esperanza-Marcala, las exautoridades de Soptravi no ejecutaron las garantías de fiel cumplimiento y anticipo, pese a haberse vencido el contrato de construcción sin que se concluyeran las obras contratadas. Tampoco se aplicaron multas por el desfase presentado en la ejecución de las obras, se hicieron modificaciones al contrato cuando ya había terminado su vigencia anterior y se renovaron garantías cuando ya había vencido su vigencia, entre otras irregularidades.
El Juzgado de Letras de lo Penal giró orden de captura en contra del extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Rosario Bonano.
La medida fue dictada por el caso que desde 2011 sostiene la Fiscalía contra la Corrupción en su contra basado en el informe especial de obras públicas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El documento pone de manifiesto irregularidades en el proyecto Construcción y pavimentación de la carretera La Esperanza-Marcala, sección II, que comprendió el período entre el 28 de julio de 2003 y el 30 de septiembre de 2009.
La orden de captura contra el exfuncionario de la administración de Manuel Zelaya fue librada el pasado viernes, luego de que dos auditores del TSC declararan sobre el caso ante el Juzgado.
Durante el proceso, la defensa perdió el recurso de casación, se le ordenó rendir una fianza por L13 millones y quedó el informe vigente sin ser desvanecido en ninguno de los puntos.
Según el reporte del TSC respecto al proyecto carretero La Esperanza-Marcala, las exautoridades de Soptravi no ejecutaron las garantías de fiel cumplimiento y anticipo, pese a haberse vencido el contrato de construcción sin que se concluyeran las obras contratadas. Tampoco se aplicaron multas por el desfase presentado en la ejecución de las obras, se hicieron modificaciones al contrato cuando ya había terminado su vigencia anterior y se renovaron garantías cuando ya había vencido su vigencia, entre otras irregularidades.
