Tegucigalpa, Honduras
Altos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigieron este viernes a las autoridades de Honduras atacar la impunidad y causas de la violencia en este país con el récord mundial de homicidios, y detener la militarización de la sociedad.
'La CIDH urge al Estado a adoptar medidas urgentes para atacar las causas estructurales de esta violencia y de la impunidad', 'la pobreza y la falta de acceso a la alimentación, con graves consecuencias de exclusión global', afirmó la delegación en un documento, leído en rueda de prensa por la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson.
En un su informe, la Comisión advirtió haber 'constatado los alarmantes niveles de violencia que se ubican entre los más altos del mundo (...) 79 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2013'.
La CIDH señaló que en Honduras hay también desapariciones, altos niveles de violencia de género y conflictos agrarios que acaban en asesinatos.
Los crímenes 'tienen lugar en un contexto de gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial', advirtió.
La falta de investigación y la impunidad en la que permanece la mayoría de violaciones a los derechos humanos 'alimentan la espiral creciente de violencia', agregó.
La CIDH criticó que la respuesta estatal a los problemas de violencia sea la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad ciudadana.
La delegación se reunió este viernes con el presidente Juan Orlando Hernández, quien le aseguró que la participación de los militares en esas labores 'es temporal', mientras se supera la 'emergencia' de la criminalidad, atribuida a las pandillas juveniles y narcotraficantes.
El grupo de la CIDH, invitado por Hernández, inició el lunes una visita que se extendió a la capital, el puerto de La Ceiba, Tocoa y el Bajo Aguán , San Pedro Sula y El Progreso, para reunirse con autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de decenas de organismos no gubernamentales.
Robinson dijo que el informe será ampliado para hacerle recomendaciones al gobierno, con miras a mejorar la situación de los derechos humanos, agravada tras el golpe de Estado de 2009.
