La democracia de Honduras ha retrocedido 25 años con la 'militarización' de instituciones públicas y la seguridad, denunciaron este miércoles representantes de la sociedad civil que presentaron un análisis sobre la capacitación policial.
'La democracia de Honduras ha retrocedido 25 años con la militarización. Militares ocupan puestos en cargos importantes, Aeronáutica Civil, Marina Mercante, Migración, la empresa telefónica y cada vez están avanzando más en la seguridad', afirmó a la AFP Joaquín Mejía, representante del equipo de análisis de los jesuitas.
Como coordinador del Departamento de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de los jesuitas, Mejía participó en una rueda de prensa de organizaciones no gubernamentales en la que presentaron un análisis de la reforma en la capacitación de los miembros de la Policía Nacional que emprendió el gobierno.
El estudio elaborado con el auspicio de la no gubernamental Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), califica como 'positiva la nueva curricula' de formación policial 'como parte del reclamo popular de construir una policía comunitaria con principios y respeto a la ley, transparente, eficaz y respetuosa de los derechos humanos'.
Pero Mejía advirtió que 'hay una doble agenda porque, por un lado, el gobierno promueve la policía comunitaria y, por otro, la militarización de las instituciones y de la seguridad'.
El gobierno del expresidente Carlos Reina (1994-98) despojó a los militares de la dirección de varias instituciones y nombró civiles en los cargos, mientras el de Carlos Flores (1998-2002) separó a la policía de las Fuerzas Armadas.
Mejía recordó que 'desde el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) los militares empezaron a ganar poder y (...) con éste gobierno (de Juan Orlando Hernández, 2014-2018) están alcanzando mayor poder con la Policía Militar de Orden Público'.
Dicho cuerpo policial fue creado en 2013, cuando Hernández era presidente del Congreso, como una tercera fuerza de seguridad integrada principalmente por militares.
La participación de los militares en la seguridad aumentó desde 2012, luego de que la fiscalía comprobara que sedes enteras de la policía estaban vinculadas con bandas de narcotraficantes y otras bandas de delincuentes. AFP