Tegucigalpa, Honduras
Ampliación a las penas para quienes cometan delitos contra los presidentes de los tres poderes del Estado, los operadores de justicia y los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) fue el objetivo conseguido por el Congreso Nacional tras la aprobación a las reformas al Código Procesal Penal.
Tras una sesión a puerta cerrada realizada en la tarde y noche del miércoles, los diputados resolvieron por mayoría la modificación de varios artículos con los que se busca frenar la ola de violencia que ha cobrado la vida de varios operadores de justicia en los últimos meses, las dos últimas las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio.
Los diputados aprobaron la reforma al artículo 116 del código, por la cual se amplía la pena para el delito de homicidio simple contra los funcionarios señalados de 15 a 20 años.
La modificación al artículo 221 para el delito de extorsión, que actualmente tiene una pena de 15 a 20 años, tendrá una ampliación de un tercio de la misma para quien cometa el delito.
La reforma al artículo 322 señala que el delito de magnicidio en contra del presidente de cualquierea de los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo o Judicial-, así como para jueces, fiscales, diputados o miembros del CNDS; tendrá una pena que irá de 40 años a privación de la libertad de por vida.
Para los delitos de conspiración y proposición, la penal se amplía en un tercio con respecto al castigo actual, que está establecido entre uno y dos años.
En el caso de homicidio, la pena quedó establecida de 30 a privación de la libertad de por vida en el caso que el delito sea contra los funcionarios mencionados.
