Tegucigalpa, Honduras.
Un grupo de 17 organizaciones no gubernamentales expresaron hoy su preocupación por la violencia en Honduras contra campesinos e instaron al Gobierno a investigar la muerte de más de un centenar de labriegos en el Bajo Aguán, una zona en el Caribe del país sumida en un conflicto de tierras.
En un comunicado divulgado en Honduras a través del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), al que tuvo acceso Efe, 17 organizaciones, entre las que se incluye la Federación Internacional de Derechos Humanos, pidieron además 'sancionar de forma seria y expedita los crímenes y violaciones graves de derechos humanos' en el Bajo Aguán.
El Gobierno que dirige el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, debe 'cesar de inmediato la represión, el hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas', dijeron los grupos, entre los que también se encuentra la ONG Oxfam Internacional.
Asimismo, demandaron 'el retiro de las medidas sustitutivas' dictadas a 15 campesinos detenidos el pasado día 21, tras un desalojo de 120 familias de labriegos de tres fincas privadas en el Bajo Agúan, hecho en el que un policía militar resultó herido al recibir un golpe en la cabeza con una piedra.
En ese sentido, el grupo de organizaciones pidieron que Honduras adopte 'medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo' y que no realice 'más desalojos forzosos'.
Ante esta situación, instaron a que busque 'una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas'.
Las organizaciones también demandaron 'regular' el funcionamiento de las empresas de seguridad privada en el Bajo Aguán para 'garantizar el pleno respeto de los derechos humanos' en la zona.
Los grupos esperan que la retirada de las armas al personal de vigilancia anunciada la semana pasada por la Corporación Dinant, uno de los mayores productores de palma africana en Honduras, 'ayude a reducir la violencia' en el Bajo Aguán, donde el conflicto de tierras ha dejado 128 personas muertas, en su mayoría campesinos, entre 2008 y 2013, según cifras de organismos de derechos humanos.
La Corporación Dinant, propiedad del empresario hondureño Miguel Facussé, indicó en un comunicado la retirada de las armas a los guardias privados de sus plantaciones y la construcción de barracas para alojar a soldados del Ejército.
Las organizaciones también solicitaron a la comunidad internacional que vigile que la cooperación que otorga al Estado de Honduras y compañías privadas 'no contribuya a violaciones de derechos humanos y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos'.
De este modo, instaron a 'suspender la cooperación internacional que promueva la militarización y agrave la situación de derechos humanos, en particular, en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos'.
Entre las 17 organizaciones firmantes del documento figuran también la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Fian Internacional, Latin America Working Group, la congregación Hermanas de la Misericordia, la agencia de cooperación suiza HEKS y la Vía Campesina de Honduras. EFE
