Alrededor de 128 personas murieron y otras seis desaparecieron entre 2008 y 2013 a causa del conflicto agrario en el Bajo Aguán, en el Caribe de Honduras, dijo hoy el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en esa zona.
Un total de 90 campesinos, 14 guardias privados, 7 empresarios, un militar y un policía, además de otras 15 personas, entre civiles y apoderados legales de movimientos campesinos, murieron en el período estudiado en el marco del conflicto entre labriegos y terratenientes, según un informe del Observatorio presentado este jueves a autoridades hondureñas.
El documento añade que seis personas han sido dadas por desaparecidas durante el conflicto, que el expresidente hondureño Porfirio Lobo intentó solucionar con la compra de tierras a los terratenientes que luego entregó a los campesinos organizados.
Los municipios de Tocoa y Trujillo, en el Caribe, son los sitios que registran los índices más altos de violencia con 110 muertos, según el Observatorio, que aglutina a una docena de movimientos de campesinos organizados.
En un comunicado, el organismo exhortó a las autoridades a que 'se investigue y se sentencie a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes' registrados en el conflicto.
También a que se tomen 'medidas inmediatas' para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos, se repare a las víctimas y se proteja a los defensores de esos derechos.
El fiscal general de Honduras, Oscar Chinchilla, que este jueves asistió a la presentación del informe, anunció a finales de febrero pasado la creación de una 'unidad especial' para aclarar las circunstancias de las muertes en el Bajo Aguán.
La unidad será integrada por agentes de la Policía Nacional, analistas y fiscales y su sede estará en la ciudad de Tocoa, en el caribeño departamento de Colón, donde se ubica el Bajo Aguán.
La subsecretaria hondureña de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva, dijo que esa unidad especial enfocará sus acciones en identificar las causas y los responsables de las muertes.
Organizaciones campesinas han acusado en varias ocasiones al Gobierno y a empresarios del Bajo Aguán, que no han identificado, de ser los responsables de los asesinatos de labriegos en la zona.