Las sanciones económicas, comerciales y no económicas fueron otra muestra de la fuerza internacional frente a los sucesos del 28 de junio.
Ciertamente representaron una forma importante de los Gobiernos para mostrar su apoyo a la Carta Democrática Interamericana y sus normas democráticas regionales.
Ciertos Gobiernos adoptaron sanciones como parte de sus estrategias bilaterales frente a la situación en Honduras. Cabe mencionar la decisión de Venezuela de suspender sus subsidios petroleros por medio de Petrocaribe.
El Gobierno de los Estados Unidos impuso gradualmente varias sanciones económicas y políticas. Entre ellas, suspendió más de 30 millones de dólares de ayuda internacional, asistencia militar y fondos para proyectos de la Cuenta del Milenio. De igual forma frenó su cooperación bilateral para la lucha contra el narcotráfico.
A fines de julio se empezó a introducir una serie de sanciones consulares, revocando las visas de altos funcionarios del gobierno de Micheletti. El 25 de agosto se anunció la suspensión no sólo de visas para funcionarios y el consulado cerró unos días, en los que no continuó otorgando visas a ciudadanos hondureños. Por otra parte, como una muestra más de la resonancia multilateral, muchas instituciones internacionales agregaron sus propias sanciones al esfuerzo de castigar y aislar al Gobierno de facto.
Inmediatamente después del 28 de junio, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE suspendió todos los préstamos y desembolsos a Honduras (SICA 2009).
Además, el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Honduras) anunció la suspensión de todo comercio terrestre con Honduras.
Fuera de Centroamérica, la Unión Europea anunció una pausa en su ayuda presupuestaria para el Gobierno hondureño con un valor de 65.5 millones de euros.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo congelaron préstamos con un valor combinado de aproximadamente 200 millones de dólares.
De acuerdo con el presidente Porfirio Lobo, las sanciones afectaron al país en casi 2,000 millones de dólares. Esto es altamente significativo en una nación con una fuerte dependencia de la ayuda internacional.
Las sanciones y la prolongada crisis política efectivamente significaron un precio alto a pagar para la economía hondureña.
Debido a las sanciones, la inversión pública cayó drásticamente durante los meses que duró el gobierno de Roberto Micheletti.
Debemos recordar que las sanciones, a pesar de ser importantes, fueron acompañadas por varios otros factores negativos que impactaron en la economía hondureña. En primer lugar, como se había mencionado previamente, la batalla presupuestaria de Zelaya con el Congreso no había logrado generar un nuevo presupuesto fiscal para 2009, dejando a muchas agencias gubernamentales limitadas en cuestión de liquidez.
Adicionalmente, al peso de las sanciones se sumó a la crisis internacional que ya había afectado a Honduras antes de la crisis del 28.
La combinación de crisis económica y crisis política devastó la industria turística de Honduras, una importante fuente de creación de empleos del país. Un estimado calcula la pérdida de empleos en 180,000.
Sector externo
Hacia mediados de 2009, el contexto externo siguió siendo desfavorable por la desaceleración de las economías estadounidense y europea.
Además del millón de hondureños que viven en Estados Unidos, el 40.5% de las exportaciones se destinan a este país y 20% a Europa.
Sin duda, la disminución del ritmo de crecimiento de las exportaciones, las reducciones en el envío de remesas y los ingresos asociados al turismo afectaron a la economía hondureña.
La información de la balanza cambiaria, al 30 de abril de 2009, reveló que el ingreso de divisas disminuyó 11.6% (alrededor de 300 millones de dólares), en comparación con el primer trimestre de 2008.
La caída se debió principalmente a reducciones en capital privado por 87.9 millones de dólares producidas por la baja en los desembolsos de préstamos al sector privado y de capital bancario en 19.7 millones de dólares. Además se observó una contracción de 67.8 millones de dólares asociados a la actividad de la maquila, un declive de 60 millones de dólares en exportaciones de bienes y de 7.8 millones de dólares en remesas familiares.
A mediados de 2009 se preveía que las exportaciones de bienes descenderían 5.0% y se esperaba una contracción de la importación de bienes de alrededor del 7%, que generaría un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del 8% del PIB.
Se esperaba que este déficit fuera financiado principalmente por la IED y con préstamos del exterior provenientes de Petrocaribe, ALBA, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.
A pesar de ello, para el segundo semestre de 2009 las cosas serían distintas.
En 2009, la economía hondureña se contrajo 2.1% debido a los efectos adversos de la crisis financiera internacional y a la crisis política interna generada por el golpe de Estado de junio de 2009.
La producción manufacturera se redujo y se observó una desaceleración de la actividad en los sectores agropecuario y de la construcción. La inflación registró la tasa más baja desde 1987 y se ubicó en el 3.0%. El déficit fiscal aumentó del 2.5% en 2008 al 6.2% del PIB en 2009.
La desaceleración de la actividad económica en Honduras durante el primer semestre de 2009 se amplificó por los efectos adversos de la crisis política interna generada por la destitución del presidente Zelaya el 28 de junio de 2009, lo que aumentó la incertidumbre política y económica. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el impacto que ambas crisis han tenido en la situación económica y social del país se ha manifestado principalmente en la contracción de la producción nacional, pérdida de empleos, menores niveles de consumo, baja en las actividades de comercio, reducción del margen de maniobra fiscal, reducción de los niveles de inversión extranjera directa y de las reservas internacionales netas, entre otros.
La crisis política derivó en el quiebre de las relaciones con la comunidad internacional y el retiro del apoyo financiero del FMI, del Banco Mundial y la banca multilateral, lo que se tradujo en una mayor caída de la inversión tanto pública como privada y en una reducción del consumo interno. Ante esto se reportó la suspensión de las donaciones por 31.2 millones de dólares y de la cooperación internacional por 87 millones de dólares.
Lo anterior es importante si consideramos que el financiamiento externo representaba en 2009 el 16.4% del presupuesto de la administración central y el 56% de los fondos de inversión pública del Estado.
Adicionalmente, las repercusiones económicas incluyeron el cierre de fronteras por dos días acordado por Guatemala, El Salvador y Nicaragua y la suspensión de Honduras del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en la semana inmediata después del golpe de Estado, así como la demanda de la Organización de Estados Americanos, OEA, para el restablecimiento de Zelaya en el poder en un término perentorio.
Una vez transcurrido ese plazo sin cambio alguno en la situación, la OEA acordó en asamblea extraordinaria del 5 de julio de 2009 suspender a Honduras de su participación como miembro de esa organización.
El 1 de julio, el BID y Banco Mundial suspendieron sus operaciones de crédito con Honduras y en septiembre el FMI anunció el bloqueo de la asignación de alrededor de 160 millones de dólares correspondientes a la cuota que le correspondía al país, en la asignación de derechos especiales de giro, DEG, por 250 billones de dólares que hizo entre sus países miembros para ayudarlos a mitigar el efecto de la crisis internacional sobre la balanza de pagos.
La suspensión de desembolsos le costó a la economía ingresos de divisas por el orden de 375 millones de dólares, así como atrasos en la negociación del Tratado de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
