La creación del Instituto Nacional Penitenciario, INP, es una de las novedades de la nueva Ley del Sistema Penitenciario introducida nuevamente al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.
El INP será un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación y Justicia, con jurisdicción nacional, al cual corresponderá la organización, administración, y funcionamiento del sistema penitenciario. Una de sus atribuciones será proponer y ejecutar la política penitenciaria del país.
El proyecto de ley fue sometido de nuevo a la consideración del CN por la diputada Lorena Herrera.
La nueva Ley Penitenciaria es producto del trabajo realizado desde 2004 por la Comisión Técnica Interinstitucional de Justicia Penal que hizo acopio de los siguientes documentos: Instrucciones Internacionales sobre Derechos Humanos, Ley de Rehabilitación del Delincuente de 1985, Propuesta de Ley Penitenciaria de los Alumnos del Posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal/Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Huimanos, Ciprodeh.
Además usaron la Propuesta de Ley Penitenciaria del Centro para la Prevención y Tratamiento de las Víctimas de la Tortura, Cprt, el Informe sobre la Situación del Sistema Penitenciario de Honduras hecho por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal en mayo de 2003, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, las Leyes Penitenciarias de Venezuela, España, Chile, El Salvador y Costa Rica y los Reglamentos de los Establecimientos Penitenciarios de Honduras.
El proyecto fue turnado a una comisión compuesta por los diputados Ricardo Díaz, Javiel Menocal, Júnior Burbara, Román Villeda, Edwin Pavón, Selvin Laínez y Augusto Cruz Ascencio.
