El Congreso Nacional aprobó anoche la Ley del Régimen Regulador de las Asociaciones Público-Privadas, que pretende incentivar la inversión privada en conjunto con el Estado.
En la discusión y deliberación del nuevo instrumento jurídico, que en adelante será identificado como la Ley de las APP, los diputados exigieron que se blindaran los procesos de inversión para que no se conviertan en privatizaciones ni en fuentes de corrupción.
Generación de empleo
Entre esos proyectos están los de generación hidroeléctrica Patuca III, Los Llanitos y Jicatuyo, que en su conjunto representan una inversión de más de 500 millones de dólares, según el diputado dictaminador Toribio Aguilera.
También podrán efectuarse alianzas para ampliar las instalaciones portuarias (Puerto Cortés) y la carretera Progreso-Tela-La Ceiba, entre otros. El dictamen de esta ley sustituyó al proyecto presentado por el presidente del CN, Juan Hernández, quien aceptó el borrador final, ya que contiene las observaciones del Poder Ejecutivo, de la bancada del Partido Liberal y de otros grupos consultados en las últimas seis semanas.
La Ley de las APP forma parte del paquete de iniciativas que el Poder Legislativo y el Ejecutivo han promovido y que ha sido priorizado con el fin de generar en los próximos 36 meses unos 600,000 empleos.
Corrupción
Debido a las dudas de que la participación del Estado se contrae a concesionar el patrimonio oficial, los diputados Toribio Aguilera y Héctor Guillén, miembros de la comisión de dictamen, ofrecieron amplias explicaciones. Hernández aseguró que se han dejado las salvaguardas para que no se presenten situaciones negativas de descalabro y corrupción como las experimentadas a finales de los años 70 con la Corporación Nacional de Inversiones, Conadi, y la Corporación Forestal Industrial de Olancho, Corfino.
Los dictaminadores indicaron que la Ley de las APP no promueve la privatización; el Estado será un socio y un agente en el cuidado de la inversión, así como su capacidad financiera. Esto quedó plasmado en los artículos del 21 en adelante.
Guillén explicó que para asegurar la calidad y la obtención de tarifas competitivas, en el caso de los servicios públicos, se ha proyectado el fortalecimiento del ente regulador, convirtiéndolo en un ente colegiado, con capacidades amplias para la efectiva supervisión de los gestores que operen bajo este régimen.
Según el decreto, la ley es de orden público e interés social.
Tiene como finalidad gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población.
La ley crea la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas, Coalianza, institución del Estado encargada de gestionar y promover los proyectos y procesos de participación.
Por recomendación de la bancada liberal se añadió un artículo en el que se incorporan los procesos de concurso y licitación pública para proyectos de coinversión.
Asimismo, los contratos de participación público-privada deberán sujetarse, entre otros, a los principios de seguridad jurídica como principio que reconoce la certeza del derecho en las relaciones público–privadas que surjan como producto de la ley.
