Tegucigalpa, Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó ayer un documento en el que detalla irregularidades en la contratación y ejecución del contrato de concesión del corredor turístico.
El informe señala irregularidades que incluye un trato preferencial a la empresa concesionaria Autopistas del Atlántico S. A, así como la negligencia de instituciones del Estado.
La concesión del corredor turístico, que abarca de El Progreso a Tela y tramos de San Pedro Sula a El Progreso y La Barca a El Progreso, se adjudicó sin estudios previos provocando el encarecimiento del mismo, menciona el análisis.
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ASJ asegura que hay denuncias en torno a la falta de transparencia en la gestión y la supuesta comisión de actos ilícitos en el contrato.
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También expone que se autorizó el inicio del proyecto sin estudios técnicos ni financieros pertinentes a aquel que ofrecía más obras adicionales sin importar el costo, lo cual ocasionó un aumento en hasta tres veces su valor. Los pliegos de licitación reportan un costo de 98.2 millones de dólares; sin embargo, con las obras adicionales el monto ascendió a 162.5 millones de dólares. La obra no ha sido concluida pese a que, según el contrato, debió finalizar el 3 de abril de 2017. Dicha obra se ha ejecutado en apenas un 26.38% hasta julio de 2018, lo que representa una inversión de $42.8 millones. Asimismo, subraya que los bancos privados y organismos multilaterales que financiaron el proyecto tienen responsabilidad al haber avalado la ejecución de una iniciativa que no contaba con estudios serios y contundentes de viabilidad.
Reacción
La Asociación para una Sociedad más Justa no ha hecho una lectura integral y completa de las implicaciones del proyecto del corredor turístico, de acuerdo con el criterio de entidades bancarias vinculadas con esta iniciativa.
El sistema financiero fue invitado a participar en el proceso luego de que la empresa colombiana recibiera la adjudicación del proyecto de Coalianza.
Tras los estudios correspondientes se observó la vialidad de la iniciativa.
“Claramente se identificó que había un retorno de la inversión con la implementación del peaje”, dijo la fuente tras precisar, sin embargo, la población rechazó el cobro y terminó quemando y destruyendo las instalaciones. Las casetas no se volvieron a instalar y el cobro no se puede implementar.
Ahora, la empresa colombiana a cargo del proyecto está planteando retirarse y pidiendo el retorno de lo invertido, incluso ha dicho que no exigirá el cumplimiento de cláusulas que implicarían reclamos de indemnización.
Hay que tener una lectura completa de toda la situación y no ver solo una parte, manifestó la fuente al referirse a la denuncia.
Recomendaciones de Asociación más Justa
1Realizar investigaciones a los 11 proyectos de Alianza Público Privadas (APP) aprobados y en ejecución a la fecha para evitar la réplica de los resultados encontrados.
2Derivar las responsabilidades a los funcionarios del Estado involucrados en la estructuración, manejo y supervisión de la concesión.
3Poner en pausa los proyectos que están en estructuración y licitación mientras se investiga.
