Tegucigalpa, Honduras
La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al término de su evaluación de la situación en Honduras, entregó este viernes un informe en el que plasma sus observaciones y recomendaciones.
Joel Hernández , relator para Honduras de la CIDH, dio lectura al informe durante la cual se refirió a una serie de aspectos analizados durante la visita.
LEA: Informe completo de la misión de la CIDH
El relator comenzó agradeciendo la colaboración de las autoridades hondureñas, a las que reconoció su colaboración en el facilitamiento de de su labor.
Entre los aspectos positivos destacados en el informe, figura la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, la cual esperan que puedan cumplir efectivamente su misión.
Por otro lado el informe hace referencia a una situación de violencia e impunidad que socava la confianza de la población en las instituciones, en razón de lo cual es necesario que el Estado “redoble esfuerzos por recuperar la confianza de la población”.
La CIDH incluyó en sus observaciones una situación de “desequilibrio” entre los poderes del Estado, en medio de un clima político “polarizado” luego de los resultados de las elecciones generales de noviembre pasado.
El organismo llamó a establecer y respetar una separación entre las fuerzas de seguridad interior (policía) y las fuerzas de defensa nacional (fuerzas armadas).
Este en relación con los casos de muertes y presuntos asesinatos ocurridos durante la crisis poselectoral.
El relator indicó que los familiares de las víctimas, a más de ocho meses de ocurridos los hechos, todavía no tienen suficiente información sobre el desarrollo de las investigaciones.
En un tono un tanto acusatorio, el relator señaló que con frecuencia se privilegia la represión antes que el diálogo como medio de resolver las diferencias, algo que se muestra “contrario al derecho internacional”, dijo Hernández.
Homicidios
Si bien la CIDH reconoció que el índice de homicidios en Honduras ha registrado un notable descenso, este todavía es muy alto, debido en parte a la falta de control sobre proliferación de armas de fuego.
También observó que en Honduras continúa la violencia contra las mujeres, en un escenario en el que la mayor parte de los feminicidios y la violencia de género continúan en la impunidad.
Libertad de expresión
La CIDH se refirió con preocupación a los altos niveles de violencia contra comunicadores y periodistas, haciendo hincapié en las reformas al Código Penal cuyos artículos restringen la libertad de expresión.
Salud
En relación a la salud, la misión también se manifestó preocupada por el limitado acceso a medicamentos, en particular para los sectores menos favorecidos.
Estos son solo algunos de los numerosos temas a los que el informe se refiere.
Recomendaciones preliminares
Esmeralda Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH, leyó la lista de recomendaciones preliminares que la CIDH le hace a las autoridadades hondureñas para mejorar la situacion de los derechos humanos en el país, entre las que se incluyen las siguientes.
- Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que identifiquen y sancionen a los responsables por los hechos de violencia, muerte, malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.
- Asegurar el debido proceso, acceso a la justicia y defensa para todas las personas detenidas en el contexto poselectoral.
- Elaborar plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a las violaciones de derechos humanos.
-Eliminar de la legislación nacional figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión la labor de periodistas.
- Fortalecer la Fiscalía de derechos de delitos contra la vida y dotarla de protocolos, personal y presupuesto para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y todo procurador de derechos.
- Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales para la erradicación de la pobreza extrema y disminución de la desigualdad social.
-Desarrollar plan nacional sobre empresas y derechos humanos
-Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.
- Investigar, juzgar, y sancionar, con perspectiva de género las violaciones a los derechos humanos, en especial feminicidios contra mujeres transgénero.
- Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres.
- Asegurar que la política nacional de la niñez responda a las necesidades de protección de la niñez, y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los derechos e identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad.
- Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población sufrir los efectos negativos de los grupos criminales.
- Abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatoria, o que tengan efectos discriminatorios contra las personas LGBTI.
- Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensores de derechos humanos.
- Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
- Fortalecer el mecanismo de protección de manera que pueda atender al aumento de la demanda de las medidas de protección, así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
- Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia.
- Garantizar la realización de visitas de manera regular y en particular reformar el artículo 10 del reglamento de visitas en los establecimientos del sistema penitenciario nacional a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos esenciales para garantizar la seguridad al interior de los centros penales.
- Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras reivindicadas por los pueblos indígenas según corresponda.
- Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado que incorpore lo establecido en el convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.
- Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos de la Mosquitia, en particular la marginación socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza, mejoren la educación, el empleo y la salud.
- Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el Estado hondureño.
- Adpotar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados.
- Implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones.
