Tegucigalpa, Honduras.
La audiencia inicial por el caso Pandora fue programada para este miércoles 25 de julio a la 8:30 am. La jueza que conoce el caso puede dictarles un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento.
El abogado Ramón Enrique Barrios piensa que a los acusados se les dictará un auto de formal procesamiento, pero duda de si el Ministerio Público podrá probar el delito de lavado de activos; si lo prueba, los imputados continuarían en prisión, si no lo hace, estos se defenderían en libertad.
El Poder Judicial informó que ayer 19 personas fueron detenidas como parte de la investigación sobre este escándalo de desvío de fondos para proyectos sociales.
La audiencia inicial por el caso Pandora fue programada para este miércoles 25 de julio a la 8:30 am. La jueza que conoce el caso puede dictarles un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento.
El abogado Ramón Enrique Barrios piensa que a los acusados se les dictará un auto de formal procesamiento, pero duda de si el Ministerio Público podrá probar el delito de lavado de activos; si lo prueba, los imputados continuarían en prisión, si no lo hace, estos se defenderían en libertad.
El Poder Judicial informó que ayer 19 personas fueron detenidas como parte de la investigación sobre este escándalo de desvío de fondos para proyectos sociales.
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'Lo más seguro es que se les va a decretar un auto de formal procesamiento (...) puede ser que la jueza ad hoc diga: aquí hay indicios racionales de un delito de lavado de activos y van a quedar presos los imputados', aseguró el abogado Barrios.
Estos fueron los diputados y funcionarios que fueron enviados a prisión.
'Por otro lado, valoradas las pruebas, la jueza puede decir: estas pruebas no son suficientes para el delito de lavado de activos, y diga que hay otro tipo penal y entonces dicte un auto de formal procesamiento que amerite que los imputados puedan defenderse en libertad, es decir, que les dé medidas sustitutivas', afirmó Barrios.
El profesional del derecho considera que los imputados no pueden asegurar que no conocían de dónde provenían los fondos.
'Si a usted le hacen un traslado de una cantidad de dinero y lo que se argumenta es que ese dinero es de la deuda política, entonces, (está en la desventaja de que) ya hay un procedimiento establecido en la ley electoral de quién es el que hace ese traslado de ese dinero, nunca se hace a través de una ONG.
Por parte de los imputados está bastante cuesta arriba decir que no sabían de dónde procedía la existencia de ese dinero', argumentó.
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El catedrático universitario sostiene que 'en este tipo de delitos usted no puede alegar culpa (término jurídico que indica que se es responsable pero sin intención), es decir que no sabía; este tipo de delitos son dolosos (con toda la intención), es decir, sabían de donde venía el dinero'.
Las autoridades aún no establecen si harán aseguramiento de bienes, como se suele hacer en los casos de lavado de activos.
'En el caso de lavado de activos va a caber el aseguramiento de bienes en función de la cantidad que se asigne el día de mañana en la audiencia incial', sostuvo Barrios.
El caso ha despertado el interés de toda la población por ser un caso de alto impacto y altamente mediático.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, dijo ayer a periodistas que la juez ordenó encarcelar a 19 de los 20 acusados en el caso. Solamente una mujer encausada en el caso recibió cárcel domiciliaria por ser madre lactante.
Entre los presos están los influyentes diputados del oficialista Partido Nacional (PN) Rodolfo Irías Navas y Celín Discua, así como Elvin Santos, legislador del opositor Partido Liberal (PL).
El pasado 13 de junio la fiscalía y la Misión de Apoyo Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) acusaron a 38 personas, entre diputados, funcionarios y particulares, de 'abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos'.
Las fuerzas de seguridad pública han intentado redoblar la seguridad por tratarse de altos funcionarios.
La directora interina de la Maccih, Ana María Calderón, explicó en esa ocasión que los acusados recibieron 282,016,175 de lempiras (unos 12 millones de dólares con la cotización del dólar en 2013) del Ministerio de Agricultura y Ganadería para proyectos en favor de madres jóvenes.
Los fondos fueron depositados en cuentas bancarias de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del PN, el Partido Frente Amplio y el PL, y fueron desviados hacia las respectivas campañas electorales.
