Tegucigalpa, Honduras
Unas 120 personas están involucradas en el “Caso Pandora” o el desvío de 282 millones de lempiras, unos 11.7 millones de dólares, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de dos fundaciones para pagar campañas políticas.
El dato lo consigna un documento de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de la Secretaría de Seguridad.
“El informe establecía unas 120 personas, había una relación de hechos de cada uno de ellos, desde autoridades de partidos políticos, jefes de campañas, hasta trabajadores de los partidos que se beneficiaron con el desvío de recursos”, dijo una fuente de la DPI a LA PRENSA.
Pero el número de implicados identificados son 38 personas que fueron acusadas el 13 de junio por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
LA PRENSA reveló que un selecto grupo de 10 agentes de la DPI entrenados por la Embajada de Estados Unidos fue el que descubrió el destino que se le dio a los L282 millones pagados por la SAG a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista en el 2013.
Las fundaciones firmaron convenios con esa secretaría de Estado para usar los recursos en capacitaciones para productores, pero el dinero fue destinado a otras actividades, incluyendo financiamiento de campañas políticas.
El Partido Liberal recibió L99 millones de las fundaciones para cancelar una deuda con el sistema bancario, mientras que al Partido Nacional le transfirieron fondos para financiar la tarjeta de descuento La Cachureca.
Estos desembolsos se hicieron de cara a las elecciones nacionales de 2013.
Acusados
El informe de la DPI establecía la imputación de lavado de activos contra las autoridades de partidos políticos, pero no para otros involucrados, como empleados de esas instituciones o terceros. A ellos solo se les señalaba de fraude.
Pero la Ufecic finalmente incluyó en el requerimiento fiscal el delito de lavado de activos contra estos últimos.
En el requerimiento fiscal se señala abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.
El equipo de la DPI recibió también la asistencia de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.
Por ese motivo, cuando la Ufecic y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad solicitaron el caso para investigarlo, pidieron que una fiscal de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública colaborara en las indagaciones.
La de la DPI se extendió por dos años.
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Evasión fiscal. De acuerdo a un documento de contabilidad interno de las dos fundaciones, estas recibieron L143 millones entre 2010 y 2014 que destinaron para supuestos gastos de operación.
Sobre estas erogaciones, según el documento, correspondía que se hiciera la retención en impuestos por L4.3 millones, pero no se hizo. En el requerimiento fiscal no se imputó evasión fiscal a ninguno de los procesados.
Juicio. Esta semana podría realizarse la audiencia de declaración de imputado contra los 38 acusados que dirigirá la magistrada Lidia Álvarez Sagastume, de la Corte Suprema de Justicia.
La togada es la juez natural en este proceso, ya que entre los acusados se encuentra altos funcionarios y diputados como Elvin Santos, del Partido Liberal, y Celín Discua, del Partido Nacional.
Santos ha declarado que en su caso se trata de una conspiración en su contra, mientras Discua ha declarado a la prensa que los fondos recibidos por el Partido Nacional fueron usados en la campaña.
