Tegucigalpa, Francisco Morazán
El extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, entre ellos su presidente Jorge Rivera Avilés, recibieron este lunes requerimiento fiscal por acusación de más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpusieron ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción el requerimiento.
El delito está relacionado con el manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.
De acuerdo al Ministerio Público, al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
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En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
De igual forma, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
Según las investigaciones de los Fiscales de la Enjuiciamiento y los agentes de la ATIC, los acusados tramitaban viáticos para acudir a supuestas giras de trabajo tanto al interior del país como al extranjero, determinándose que en 576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos.
De las 52 semanas con que cuenta el año, para el caso los exconsejales calendarizaron en el año 2015 presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo en días feriados, periodos de vacaciones y en días inhabiles como fines de semana.
La investigación se realizó durante dos años, logrando obtener pruebas que exponen la participación de los involucrados en los delitos que se les atribuyen.
