Tegucigalpa, Honduras.
Con las reformas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito 'se respetará el principio de inocencia' porque el aseguramiento, o incautación de bienes, solo será una medida preventiva y no definitiva, y 'la incautación aplicacará hasta que el acusado sea vencido en un juicio', de acuerdo a las conclusiones del Congreso Nacional que aprobó la iniciativa.
Esas reformas que buscan impedir que se realicen los aseguramientos de residencias a acusados de corrupción, no serán retroactivas, indicaron diputados del Partido Nacional ante la ola de críticas.
Las reformas se aprobaron con la oposición de las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
En la sesión, el presidente en turno, Antonio Rivera (PN), protagonizó un alegato con Sergio Castellanos, del partido Libre, y hubo gritos e insultos de otros congresistas, lo que no impidió que fuera presentado anoche el dictamen de estas enmiendas elaboradas por la Comisión Legislativa de Seguridad, con el voto particular del diputado del partido de izquierda, Edgardo Casaña.
PDF: Dictamen de la Ley Privación Definitiva del Dominio
Las enmiendas a 17 disposiciones contenidas en el artículo uno de este dictamen fueron admitidas con más de 70 votos a favor, en los que se incluyeron a los diputados de la bancada del Partido Nacional, organizaciones minoritarias y algunos legisladores del Partido Liberal.
Los dos restantes artículos fueron aprobados con la misma celeridad y con la misma cantidad de votos a pesar del rechazo de la oposición política. Tanto la jefa de bancada del Pinu, Doris Gutiérrez, como el vocero de la bancada de Libre, Jorge Cálix, anunciaron que los parlamentarios de estas dos fuerzas políticas no respaldarían estas reformas porque 'beneficiarán a los corruptos e implican un golpe a la lucha contra la corrupción'.
El vicepresidente del CN, Denis Castro Bobadilla, quien fue el diputado proyectista, decidió retirar la iniciativa que presentó y adherirse al dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad presidida por Mario Pérez, legislador del PN. Un nuevo artículo presentó el diputado de la Alianza Patriótica Hondureña el cual estipula que “todo perjuicio generado al Estado de acciones derivadas a esta ley, la Procuraduría General de la República perseguirá los bienes y activos de los funcionarios que hayan incurrido en la misma”. Lo anterior implica que el Estado se verá obligado a indemnizar a los afectados por el perjuicio ocasionado.
Reformas no son retroactivas
El diputado y presidente de la bancada del Partido Nacional, Mario Pérez, aseguró que las reformas a la Ley de Privación de Dominio no son de carácter retroactivo y que “sólo serán aplicadas de aquí en adelante”.
De esa forma, se descarta que los bienes que han sido incautados hasta el momento sean beneficiados con estas reformas.
'No se ha cambiado en ningún punto el objetivo que si un bien fue comprado con dinero sucio, no será llevado a juicio; sí será llevado a juicio y si se comprueba eso, la persona pierde ese bien', explicó Pérez.
“Únicamente se ha dejado establecido que cuando se trate del domicilio familiar -donde viven los niños, las mujeres, los padres-, no es que la casa no irá a juicio, sí irá, y se tendrá que comprobar cómo lo compró y al ser vencido en juicio lo podrán sacar de la casa; mientras eso no sea así, la familia seguirá viviendo en la casa”, ejemplificó el diputado.
A la pregunta si ¿aquellos bienes que han sido incautados a la fecha también son abarcados por estas reformas?, Pérez respondió: “No, no, porque no podemos hacer retroactiva otra vez la ley; es de aquí para adelante una vez que haya sido publicada”.
