Tegucigalpa, Honduras.
El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción aseguró diez terrenos a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y tres apartamentos a presuntos testaferros por el desvío de 12 millones de lempiras de fondos públicos por lo que fue procesada y otros casos de latrocinio por el que se le investiga.
Siete de los inmuebles asegurados se encuentran en la aldea El Chimbo, Santa Lucía, conforme a los registros del Instituto de la Propiedad (IP).
De igual manera, se le aseguró un terreno en la colonia El Loarque y otro en Campo Santo, a inmediaciones del Cementerio General, en Comayagüela.
En una de las propiedades aseguradas en Sitio Arriba, Santa Lucía, que mide 1,900 varas, se construyó una casa de tres dormitorios valorada en tres millones de lempiras.
Contra testaferros
La judicatura anticorrupción también aplicó la misma medida para tres apartamentos en Condominios Loma Alta, en la colonia Lomas del Guijarro, que se encuentran a nombre de una inmobiliaria, pero que habrían sido comprados por un testaferro de Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Cada inmueble está valorado en 4.8 millones de lempiras, por lo que el costo de las tres propiedades asciende a 14.4 millones de lempiras, según los registros del Instituto de la Propiedad.
La orden de aseguramiento a la que tuvo acceso LA PRENSA la emitió la jueza de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Vera Barahona Herrera, el 27 de febrero.
La resolución, que consta en el expediente 007-18, fue enviada al director del I nstituto de la Propiedad, Noé Cortés.
El aseguramiento es una medida de embargo precautorio mediante el cual se prohíbe que se haga cualquier transacción sobre una propiedad.
Posterior al aseguramiento, el Ministerio Público procede a la incautación, que consisten tomar físicamente el bien.
Las propiedades incautadas quedan a cargo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados mientras un juez resuelve si emite sentencia de comiso a favor del Estado o son devueltas a su dueño.
La incautación de bienes se ejecuta en aplicación de la Ley Contra el Lavado de Activos o por la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Rosa Elena Bonilla de Lobo fue acusada el 27 de febrero de lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita por haber, supuestamente, desviado 12 millones de lempiras del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal.
El cuñado de la ex primera dama, Manuel Mauricio Mora, exdirector de la Oficina de Desarrollo Comunitario, también fue procesado por los mismos delitos.
Rosa Elena Bonilla de Lobo dirigió el Despacho de la Primera Dama en el período cuando su esposo Porfirio Lobo Sosa gobernó el país, entre 2010 y 2014.
El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción aseguró diez terrenos a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y tres apartamentos a presuntos testaferros por el desvío de 12 millones de lempiras de fondos públicos por lo que fue procesada y otros casos de latrocinio por el que se le investiga.
Siete de los inmuebles asegurados se encuentran en la aldea El Chimbo, Santa Lucía, conforme a los registros del Instituto de la Propiedad (IP).
De igual manera, se le aseguró un terreno en la colonia El Loarque y otro en Campo Santo, a inmediaciones del Cementerio General, en Comayagüela.
En una de las propiedades aseguradas en Sitio Arriba, Santa Lucía, que mide 1,900 varas, se construyó una casa de tres dormitorios valorada en tres millones de lempiras.
| La justicia ordenó el aseguramiento de ocho bienes en El Chimbo, Santa Lucía.
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La judicatura anticorrupción también aplicó la misma medida para tres apartamentos en Condominios Loma Alta, en la colonia Lomas del Guijarro, que se encuentran a nombre de una inmobiliaria, pero que habrían sido comprados por un testaferro de Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Cada inmueble está valorado en 4.8 millones de lempiras, por lo que el costo de las tres propiedades asciende a 14.4 millones de lempiras, según los registros del Instituto de la Propiedad.
La orden de aseguramiento a la que tuvo acceso LA PRENSA la emitió la jueza de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Vera Barahona Herrera, el 27 de febrero.
La resolución, que consta en el expediente 007-18, fue enviada al director del I nstituto de la Propiedad, Noé Cortés.
El aseguramiento es una medida de embargo precautorio mediante el cual se prohíbe que se haga cualquier transacción sobre una propiedad.
Posterior al aseguramiento, el Ministerio Público procede a la incautación, que consisten tomar físicamente el bien.
Las propiedades incautadas quedan a cargo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados mientras un juez resuelve si emite sentencia de comiso a favor del Estado o son devueltas a su dueño.
La incautación de bienes se ejecuta en aplicación de la Ley Contra el Lavado de Activos o por la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Rosa Elena Bonilla de Lobo fue acusada el 27 de febrero de lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita por haber, supuestamente, desviado 12 millones de lempiras del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal.
El cuñado de la ex primera dama, Manuel Mauricio Mora, exdirector de la Oficina de Desarrollo Comunitario, también fue procesado por los mismos delitos.
Rosa Elena Bonilla de Lobo dirigió el Despacho de la Primera Dama en el período cuando su esposo Porfirio Lobo Sosa gobernó el país, entre 2010 y 2014.
