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Tegucigalpa, Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que hay presuntas redes de corrupción integradas por altos funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido denunciados ante el Ministerio Público (MP) desde hace varios años.
La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA presentó ayer en un un hotel capitalino un resumen 12 líneas de investigación de casos sobre contrataciones públicas presentados ante organismo contralores en 2015, 2016 y 2016 y que dejaron un perjuicio económico de 374 millones de lempiras por sobrevaloración.
En 2017 se presentaron al MP ocho líneas de investigación que involucran a 548 funcionarios y 16 personas particulares. En estos ocho líneas se investigaron 401 millones en contrataciones que generaron un daño patrimonial de L195.2 millones.
En 2017 se remitieron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) otras dos casos, uno en el Instituto de Formación Profesional (Infop) y otro en la Comisión Permanente de Contingencias, de los que solo se reportó que, en conjunto, produjeron un daño patrimonial por L28.4 millones.
Infop
El jefe de la UIASC, Odir Fernández, expuso cinco de las líneas de investigación presentadas en 2017, una de las cuales corresponde a una supuesta sobrevaloración en la adquisición de un taller automotor en el centro regional del Instituto de Formación Profesional (Infop) en Olancho.
Este caso fue denunciado en 2015 ante el Ministerio Público y en 2017 ante el TSC.
La investigación estableció que el entonces director del Infop, David Chávez, firmó supuestamente en 2014 un contrato con Grupo Visión para dotación de equipo para un taller de mecánica automotriz en Olancho por 76 millones.
El CNA hizo una revisión de L64 millones de los L76 millones gastados en ese contrato y detectó que por sobrevaloración del mismo el Estado tuvo un perjuicio de L21 millones. El magistrado Silvio Rodríguez, quien fue miembro de la comisión evaluadora del contrato, firmó el acta de recomendación para que se adjudicara el acuerdo a Grupo Visión y por ello Odir Fernández lo señala como parte de una presunta red de corrupción.
“Se identificó a otra persona que formó parte de este plan estructurado para que se consumara el hecho delictivo, un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Penal, paradójicamente…abogado José Olivio Rodríguez”, apuntó Fernández. Salpican a diputado Dubón.
Por otro lado, Fernández indicó que el Estado tuvo una pérdida de L85 millones debido a que la Secretaría de Salud firmó distintos contratos con seis empresas por L170 millones a precios inflados para suministro de medicinas entre 2010 y 2015.
Una de las compañías favorecidas con los contratos es Distribuidora Santa Fe y “en ese momento, cuando nosotros verificamos el socio directo de Distribuidora Santa Fe es un actual diputado del Congreso Nacional, Rolando Dubón Bueso”.
Rosa de Lobo
Otro caso emblemático que se reseñó por parte de Odir Fernández fue el supuesto desvío de L12 millones de fondos públicos a una cuenta privada de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Según la investigación, la esposa del expresidentes Porfirio Lobo (2010-2014) se apersonó el 22 de enero de 2014 a la ventanilla de un banco a retirar L12 millones de una cuenta a nombre del Despacho de le Primera Dama y luego los pasó a una cuenta personal.
El otro presunto esquema de corrupción que detectó el CNA es el de L88 millones pagados a empresas de la familia por Salud a la exsecretaria general de la institución Cristina Díaz por venta de materiales médicos entre 2010 y 2014, y de los que 49 millones se pagaron demás por sobrevaloración.
Fernández dijo que el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, Roberto Martínez Lozano firmó contratos con empresas ligadas al narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga para la construcción de un proyecto habitacional de la represa hidroeléctrica Patuca III por 203 millones de lempiras, pero que estaban sobrevalorados en 120 millones de lempiras.
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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que hay presuntas redes de corrupción integradas por altos funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido denunciados ante el Ministerio Público (MP) desde hace varios años.
La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA presentó ayer en un un hotel capitalino un resumen 12 líneas de investigación de casos sobre contrataciones públicas presentados ante organismo contralores en 2015, 2016 y 2016 y que dejaron un perjuicio económico de 374 millones de lempiras por sobrevaloración.
En 2017 se presentaron al MP ocho líneas de investigación que involucran a 548 funcionarios y 16 personas particulares. En estos ocho líneas se investigaron 401 millones en contrataciones que generaron un daño patrimonial de L195.2 millones.
En 2017 se remitieron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) otras dos casos, uno en el Instituto de Formación Profesional (Infop) y otro en la Comisión Permanente de Contingencias, de los que solo se reportó que, en conjunto, produjeron un daño patrimonial por L28.4 millones.
Infop
El jefe de la UIASC, Odir Fernández, expuso cinco de las líneas de investigación presentadas en 2017, una de las cuales corresponde a una supuesta sobrevaloración en la adquisición de un taller automotor en el centro regional del Instituto de Formación Profesional (Infop) en Olancho.
Este caso fue denunciado en 2015 ante el Ministerio Público y en 2017 ante el TSC.
La investigación estableció que el entonces director del Infop, David Chávez, firmó supuestamente en 2014 un contrato con Grupo Visión para dotación de equipo para un taller de mecánica automotriz en Olancho por 76 millones.
El CNA hizo una revisión de L64 millones de los L76 millones gastados en ese contrato y detectó que por sobrevaloración del mismo el Estado tuvo un perjuicio de L21 millones. El magistrado Silvio Rodríguez, quien fue miembro de la comisión evaluadora del contrato, firmó el acta de recomendación para que se adjudicara el acuerdo a Grupo Visión y por ello Odir Fernández lo señala como parte de una presunta red de corrupción.
“Se identificó a otra persona que formó parte de este plan estructurado para que se consumara el hecho delictivo, un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Penal, paradójicamente…abogado José Olivio Rodríguez”, apuntó Fernández. Salpican a diputado Dubón.
Por otro lado, Fernández indicó que el Estado tuvo una pérdida de L85 millones debido a que la Secretaría de Salud firmó distintos contratos con seis empresas por L170 millones a precios inflados para suministro de medicinas entre 2010 y 2015.
Una de las compañías favorecidas con los contratos es Distribuidora Santa Fe y “en ese momento, cuando nosotros verificamos el socio directo de Distribuidora Santa Fe es un actual diputado del Congreso Nacional, Rolando Dubón Bueso”.
Rosa de Lobo
Otro caso emblemático que se reseñó por parte de Odir Fernández fue el supuesto desvío de L12 millones de fondos públicos a una cuenta privada de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Según la investigación, la esposa del expresidentes Porfirio Lobo (2010-2014) se apersonó el 22 de enero de 2014 a la ventanilla de un banco a retirar L12 millones de una cuenta a nombre del Despacho de le Primera Dama y luego los pasó a una cuenta personal.
El otro presunto esquema de corrupción que detectó el CNA es el de L88 millones pagados a empresas de la familia por Salud a la exsecretaria general de la institución Cristina Díaz por venta de materiales médicos entre 2010 y 2014, y de los que 49 millones se pagaron demás por sobrevaloración.
Fernández dijo que el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, Roberto Martínez Lozano firmó contratos con empresas ligadas al narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga para la construcción de un proyecto habitacional de la represa hidroeléctrica Patuca III por 203 millones de lempiras, pero que estaban sobrevalorados en 120 millones de lempiras.
