Tegucigalpa, Honduras.
Solo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público (MP) queda como única opción para que se deroguen las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto.
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia analizará a fondo la demanda presentada por la entidad acusadora del Estado contra estas modificaciones al decreto 141-2017, la cual fue admitida el martes anterior.
Mientras que los recursos interpuestos tanto por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) fueron declarados ayer improcedentes por esta sala del pleno de la Corte “en razón de carecer de interés directo, personal y legítimo para motivar dicha acción”.
Los procedimientos iban dirigidos a anular el contenido de los artículos 123 y 238 de este instrumento, el cual fue aprobado el pasado 18 de enero en la Cámara Legislativa. Unos días después, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) desveló y denunció los cambios que sufrieron las disposiciones del Presupuesto 2018, a lo que calificó como un “ pacto de impunidad”.
Reacciones
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, dijo que “es realmente lamentable, esta es la respuesta del Poder Judicial frente a actos de corrupción que posiblemente también queden en impunidad. En este momento nosotros sabemos que no existe institucionalidad y conocemos que las instituciones responden a presiones políticas”.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Martínez, dijo que se aceptará cualquier resolución emitida por la Corte. “Seguiremos con nuestro trabajo, socializando, buscando y, sobre todo, fortaleciendo también a las instituciones del Estado que están haciendo las investigaciones respectivas”, explicó.
Solo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público (MP) queda como única opción para que se deroguen las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto.
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia analizará a fondo la demanda presentada por la entidad acusadora del Estado contra estas modificaciones al decreto 141-2017, la cual fue admitida el martes anterior.
Mientras que los recursos interpuestos tanto por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) fueron declarados ayer improcedentes por esta sala del pleno de la Corte “en razón de carecer de interés directo, personal y legítimo para motivar dicha acción”.
Los procedimientos iban dirigidos a anular el contenido de los artículos 123 y 238 de este instrumento, el cual fue aprobado el pasado 18 de enero en la Cámara Legislativa. Unos días después, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) desveló y denunció los cambios que sufrieron las disposiciones del Presupuesto 2018, a lo que calificó como un “ pacto de impunidad”.
Reacciones
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, dijo que “es realmente lamentable, esta es la respuesta del Poder Judicial frente a actos de corrupción que posiblemente también queden en impunidad. En este momento nosotros sabemos que no existe institucionalidad y conocemos que las instituciones responden a presiones políticas”.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Martínez, dijo que se aceptará cualquier resolución emitida por la Corte. “Seguiremos con nuestro trabajo, socializando, buscando y, sobre todo, fortaleciendo también a las instituciones del Estado que están haciendo las investigaciones respectivas”, explicó.
