Tegucigalpa, Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto y fe de errata, que reforman la Ley Orgánica del Presupuesto.
El Congreso Nacional reformó el pasado jueves 18 de enero dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto, algo que fue catalogado como un error y un 'grave retroceso' en la lucha contra la corrupción por EEUU y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El abogado Odir Fernández, miembro de la no gubernamental CNA, consideró que 'los diputados se han extralimitado en el uso de sus funciones, violentando el Art 205 numeral 1 de la Constitución de la República'.
'El Congreso Nacional mediante una fe de errata modificó el sentido original de esta normativa (...) y sobre todo están creando inmunidad para los diputados', sostuvo Fernández.
El profesional del derecho afirmó que el recurso de inconstitucionalidad va en dos vías, 'va dirigido al decreto de reforma y al de fe de errata'.
'Lesiona de manera directa principios constitucionales. No permitamos que la ley sea creada para blindar corruptos', indicó Fernández.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) ya había denunciado un 'Pacto de Impunidad' al trastocar el texto aprobado a la hora de publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, dijo que se debe hacer una investigación de 'carácter penal' contra los diputados, porque no se trata de un error sino de un delito cometido por quienes hicieron el cambio, y agregó que también se investigará al encargado de 'La Gaceta'.
El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, dijo la semana anterior que harían la corrección mediante una 'fe de errata' pero que eso no cambiaría el 'espíritu de la ley', que establece que mientras se esté realizando una auditoría a los fondos manejados por diputados y otros actores a los que protege la reforma, 'no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal' del funcionario involucrado.
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La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Heide Fulton, había pedido al Congreso una rectificación y este miércoles se presentará una moción para echar atrás esas reformas, que fueron hechas por diputados afines al gobernante Partido Nacional.
'El Gobierno de Estados Unidos ha sido partidario de las denominaciones en Honduras, (pero) creemos que esta ley aprobada la semana pasada (el jueves 18 de enero) facilita la impunidad de ciertas personas dentro del gobierno y de los miembros del Congreso Nacional', dijo Fulton a periodistas.
