Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) denunció que el Congreso Nacional aprobó un “pacto de impunidad” al reformar la Ley General del Presupuesto para “frenar investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios” que han manejado recursos públicos de forma ilícita.
En una comparencia pública, el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, acompañado de su equipo de investigadores, leyó un comunicado en el que expuso que la modificación permite que no se acuse a ninguna persona que haya manejado recursos estatales mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no concluya auditorías.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) denunció que el Congreso Nacional aprobó un “pacto de impunidad” al reformar la Ley General del Presupuesto para “frenar investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios” que han manejado recursos públicos de forma ilícita.
En una comparencia pública, el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, acompañado de su equipo de investigadores, leyó un comunicado en el que expuso que la modificación permite que no se acuse a ninguna persona que haya manejado recursos estatales mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no concluya auditorías.
LEA: La reforma a la Ley de Presupuesto de 2018 que enfrenta a la Maccih y Congreso de Honduras
Mediante el decreto 141-2017, el Congreso aprobó, el 18 de enero de 2018, el Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2018, en el que se modifican los artículos 16 y 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto a efecto de que el TSC realice auditorías, durante tres años, de recursos invertidos en proyectos sociales en los periodos gubernamentales 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
Durante el TSC realice las auditorías de esos fondos, “no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal.
La implicación de esta reforma es tal que, incluso, podría dejar sin efecto una línea de investigación contra el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, y más de medio centenar de otros parlamentarios.
“Como consecuencia de lo mencionado, la investigación conocida como red de diputados, que no solo investiga a cinco diputados requeridos, sino que abarca a más de 60 parlamentarios y exparlamentarios de la nación, incluyendo al propio presidente del Congreso Nacional...quedaría sin efecto”, manifestó.
La red de diputados es un caso en el que cinco legisladores fueron acusados de recibir fondos públicos por medio de una ONG, que debieron de ser invertidos en obras sociales, pero los diputados los usaron en gastos personales, de acuerdo con un requerimiento fiscal del Ministerio Público.
Cuestiona al TSC
La Maccih investiga el uso de unos 1,300 millones de lempiras otorgados a diputados por el Fondo Departamental, entre 2010 a 2017.
Por este caso también estaban señalados por la Ufecic y la Maccih Jeremías Castro Andrade, José Napoleón Panchamé y Geovanny Castellanos Deras, miembros de la Asociación Nacional de Productores Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch), organización que habría recibido los fondos.
Al Ministerio Público, en consecuencia, se le limitan las atribuciones de investigar y presentar requerimientos porque “se pueden archivar casos de corrupción”, dijo Jiménez Mayor.
Jiménez agregó expresó que esta reforma podría provocar una excarcelación de personas procesadas por el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social si se hace una “interpretación tendenciosa”. Que las investigaciones penales sean diferidas al TSC es un riesgo porque este órgano está politizado, ya que la elección de sus magistrados en 2016 fue producto de acuerdos entre partidos políticos, enfatizó Jiménez Mayor.
Reacciona el Congreso
Mientras, el Congreso Nacional emitió un comunicado en el que rechazó que la reforma legal sea un mecanismo que genere impunidad.
“El objetivo de la reforma, lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pide que se investigue todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales, desde el Gobierno de Manuel Zelaya hasta el presente, donde hay casos judicializados, como el latrocinio contra el IHSS u otros, tampoco se verán afectados”, insistió el Legislativo.
Igualmente, los procesos administrativos de rendición de cuentas no tendrán efecto retroactivo, es decir, que seguirán su curso normal hasta terminar, y el MP conservará su atribución de investigar y acusar, de acuerdo con el comunicado.
La reforma la aprobaron con el voto a favor de 75 diputados, diez abstenciones y ningún y ningún voto en contra.
La maleta lista
“El Tribunal de Cuentas, y lo reiteramos con valentía, no cuenta con las condiciones de independencia respecto a directrices políticas a efecto de garantizar investigaciones idóneas, independientes e imparciales”, aseguró Jiménez.
La Maccih consultará a la Organización de Estados Americanos (OEA) si la Misión debe continuar en Honduras, ya que con la reforma legal, le cercena las atribuciones de investigación que tenía.
“Yo dije que vine con la maleta lista”, expresó el vocero de la Maccih que, no obstante, dijo que su intención es permanecer en Honduras para terminar su mandato
La Maccih inició operaciones en 2016.
