Tegucigalpa, Honduras.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras decidió este miércoles suspender el caso conocido como 'Red de diputados' hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrolle las investigaciones que ahora debe realizar a los acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, lamentó la decisión de la magistrada Alma Consuelo Guzmán de archivar el caso y trasladarlo al TSC que ahora tiene un plazo de hasta tres años para concluir las investigaciones, de acuerdo a la reforma realizada por el Congreso Nacional a los artículos 16 y 131-A a la Ley Orgánica del Presupuesto.
Dicha reforma contempla específicamente en el artículo 123-A que 'se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar Auditoría e Investigación Especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los por Servidores Públicos, Diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD’s), Fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, comprendidos en los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018'
Esta reforma también estipula en ese mismo artículo que ”durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea ésta administrativa, civil o penal.”
Se esperaba que la jueza dictaminara este día si procedía auto de formal procesamiento o sobreseimiento definitivo a los parlamentarios Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eléazar Juárez, acusados de malversar alrededor de 8 millones de lempiras (unos 340,000 dólares).
Maccih solicita derogación
Juan Jiménez Mayor explicó que la responsabilidad penal la determina el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero que en este caso la ley aprobada por el Congreso Nacional establece que la responsabilidad penal debe ser determinada por el TSC lo que significaría una usurpación de funciones.
'Lamentablemente esto se ha establecido el día de hoy en el caso de los cinco diputados y tendrá extensión por supuesto en los más de 60 que estamos investigando. Por supuesto tendrá lamentable consecuencia en el caso de la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo y tendrá consecuencia en el caso de Mario Zelaya que fue resuelto el año pasado y que significó la sentencia más alta en la historia de Honduras por delitos de corrupción', dijo.
También Jiménez teme que esa resolución contra Zelaya (exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS) sea anulada basándose en esta reforma ya que el caso aún tiene un procedimiento pendiente.
Indicó que la Misión continuará solicitando la reconsideración y derogación de la ley que considera como 'extremadamente grave', 'afecta a la labor de la misión' y supondría 'una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal'.
