Tegucigalpa, Honduras
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) denunció este miércoles que la reforma a la Ley de Presupuesto que realizó el Congreso Nacional frena las investigaciones del organismo de la OEA.
Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih, quien leyó un comunicado en conferencia de prensa, recordó que ellos han venido a Honduras a 'cooperar con las autoridades, con la sociedad civil, a prevenir y combatir la corrupción. Ese es nuestro mandato y para eso estamos aquí'.
Para Jiménez Mayor 'lo que ha acontecido en el país, desde la perspectiva del equipo de la Maccih, es muy grave'.
Jiménez explicó que el cambio, aprobado por el Congreso el 18 de enero, 'pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos'.
La reforma establece un 'nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)', añadió.
Además, designa la auditoría de esos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la reforma, y extiende el proceso de liquidación 'retroactivamente' a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, señaló Jiménez, en una rueda de prensa, acompañado por miembros del equipo de la Maccih.
La norma podría favorecer la impunidad en el caso 'Red de Diputados' que manejó fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales, según el abogado peruano de la Maccih.
Juan Jiménez Mayor dijo: 'Hemos establecido comunicación con Luis Almagro para consultas sobre la ruta de trabajo de la Maccih”.
'Nosotros vamos a seguir trabajando en el país, no nos vamos a ir, aunque estamos bastante afectados y tenemos las malestas listas', aseguró.
La disposición señala que mientras el TSC realice la auditoría e investigación especial 'no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal', añadió.
La norma aprobada el 18 de enero 'no beneficia en nada al país y paraliza la investigación de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo', quien es investigada por la supuesta sustracción irregular de 12 millones de lempiras (510,000 dólares) de la cuenta de la oficina del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal seis días antes que su esposo entregara la Presidencia de la República el 27 de enero de 2014.
Asimismo Jiménez Mayor teme que otros casos de corrupción en proceso, como el desfalco del Seguro Social, queden sin efecto las investigaciones.
Comunicado de la Maccih
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