Tegucigalpa, Honduras
Investigación
El fiscal general del Ministerio Público Óscar Chinchilla se reunirá este día en Brasil con cuatro testigos que podrían revelar los montos que en concepto de soborno habría pagado la empresa Norberto Odebrecht a exfuncionarios hondureños para que le concedieran la construcción de dos proyectos hidroeléctricos.
Chinchilla viajó a Brasil para participar en una audiencia de declaración de testigos que fue solicitada mediante una asistencia judicial a la Fiscalía de Brasil.
“Son cuatro testigos, algunos de estos están procesados por el pago de sobornos de parte de Odebrecht, esa es la diligencia con base a una asistencia judicial que se solicitó”, dijo a La Prensa una fuente de la Fiscalía de Honduras.
La empresa brasileña Norberto Odebrecht pagó 778 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países de Asia y América Latina para que se le adjudicaran proyectos de infraestructura, de acuerdo con informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Presidentes y expresidentes, así como poderosos empresarios, han resultado salpicados por la trama de coimas de Odebrecht.
| Un representante de la
Maccih acompañó al Fiscal General para participar en la audiencia de testigos por el caso de Odebrecht en Honduras.
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En febrero de 2017, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción inició una investigación para determinar si la empresa Odebrecht dio sobornos a exfuncionarios a cambio de que se les concediera la construcción de las represas Llanitos y Jicatuyo, en Santa Bárbara, los cuales finalmente no se ejecutaron por falta de financiamiento.
El gobierno del expresidente Manuel Zelaya firmó un convenio con la empresa Norberto Odebrecht para la edificación de las represas a un costo 800 millones de dólares.
El convenio, creado mediante un decreto de emergencia, establecía que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil aportaría 270 millones de dólares y 30 millones daría Odebrecht. Mientras, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica invertiría 100 millones de dólares.
Los restantes 400 millones de dólares serían aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
El proyecto no se ejecutó en el gobierno de Zelaya porque el Poder Ejecutivo, por medio de la Enee, no dio su contraparte. Durante el gobierno de Roberto Micheletti, en 2009, se modificó el convenio con Odebrecht para ejecutar la obra, pero tampoco se llevó a cabo.
También en el periodo del expresidente Porfirio Lobo se hicieron gestiones fallidas para que Odebrecht construyera las represas.
