Tegucigalpa, Honduras.
Fraccionamientos de contratos a sociedades afines para evadir la Ley de Contratación del Estado y sobrevaloración de servicios de capacitación por un valor de 30 millones de lempiras son parte de los hallazgos detectados en una investigación efectuada en el Programa de Asignación Familiar (Praf), la cual ya se encuentra en poder del Ministerio Público.
La indagación documentó que entre 2010 y 2014, de la administración de Porfirio Lobo Sosa, funcionarios que integraban el comité de selección y adjudicación de ofertas del Praf destinaron de forma irregular millonarios recursos estatales para la contratación de asociaciones civiles y sociedades mercantiles para capacitaciones dirigidas a jóvenes y mujeres vulnerables.
Los documentos arrojaron que en esos cuatro años “prácticamente hubo un saqueo indiscriminado de los fondos de la institución a través de contratos amañados”, que al final repercutieron negativamente en miles de familias hondureñas en extrema pobreza que debían recibir los beneficios.
Los fondos estaban destinados a los proyectos denominados Desarrollo Integral de la Familia en su componente Bono Juvenil y Desarrollo Integral de la Mujer y otros programas de formación técnico-vocacionales a grupos vulnerables del país.
En una primera línea de investigación se detectó una sobrevaloración de 17.4 millones de lempiras y en una segunda un monto de 12.5 millones de lempiras, para totalizar un perjuicio económico de 29.9 millones de lempiras contra el Estado de Honduras.
Por estos hechos irregulares se encuentran denunciados ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública al menos ocho exfuncionarios y exservidores públicos del Praf, entre ellos, la directora de la institución, que fungió de 2010 a 2014.
Se estima que entre 2012 y 2013, la directora del Praf, María Elena Zepeda, suscribió contratos con las mismas sociedades por más de L43.6 millones, de los cuales se desprendió una sobrevaloración de 17.4 millones de lempiras.
Los expedientes de la investigación, a los que tuvo acceso Diario LA PRENSA, fueron entregados a la Fiscalía por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para que amplíe las indagaciones y formule acusaciones contra los responsables.
Los ocho exfuncionarios supuestamente implicados en estas irregularidades están denunciados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública.
Los hechos. Entre otras anomalías identificadas por el CNA destaca la contratación de dos asociaciones civiles que compartían el mismo domicilio y que pertenecían a una misma persona natural que figura como funcionario de la institución denunciada.
A una de ellas, el Praf le adjudicó 11 contratos por 1.9 millones de lempiras el 25 de mayo de 2011, pero el informe revela que la misma situación se repitió el 21 de octubre de 2011, al adjudicarle otros 29 contratos a la misma asociación por 5.2 millones de lempiras.
Los denunciados también crearon empresas relacionadas con el fin de ofertar en conjunto y con ello asegurar el 100% de los contratos; bajo esta misma modalidad la referida entidad estatal adjudicó alrededor de 420 contratos en diferentes períodos.
De acuerdo con la entidad investigadora, la adjudicación de los servicios debió haberse efectuado mediante licitación pública y no por contratación directa, como lo hicieron los funcionarios denunciados.
Las indagaciones apuntan a que los implicados fraccionaron los contratos para favorecer a un grupo de personas que, de forma concertada y en colusión, presentaron propuestas económicas fragmentadas y sobrevaloradas a fin de sustraer los fondos asignados a dichos programas de reducción de la pobreza.
También se detectó que las propuestas económicas presentaban gastos que no se ejecutaron ni fueron entregados a sus destinatarios finales, como ser pago de viáticos a instructores, supervisión, uso de manuales y materiales de capacitación.
El saqueo era tal que llegó al extremo de que a través del Praf se convocaba a grupos de personas de bajos recursos para recibir las capacitaciones, pero les solicitaban que se anotaran en una lista y que proporcionaran copia de sus documentos personales.
Posteriormente, esos mismos documentos eran utilizados por las asociaciones denunciadas para documentar y justificar los expedientes y luego cobrar los contratos de forma fraudulenta, sin impartir los mismos. Uno de los investigadores confió a LA PRENSA que los exfuncionarios del Praf emplearon la modalidad de contratación directa, en la que participaban tres empresas ofertantes, pero los montos de cada contrato no sobrepasaban los L179,000 para evadir la Ley de Contratación del Estado.
De esta forma, los respectivos comités de adjudicación del Praf avalaron y autorizaron el fraccionamiento de los convenios, que luego dio lugar a que se favoreciera a una misma empresa mercantil.
