Tegucigalpa, Honduras.
Narcotraficantes hondureños pagaron entre $200,000 y $300,000 por el asesinato del zar antidrogas el general Julián Arístides González Irías, según confesiones del capo Devis Leonel Rivera Maradiaga, reveladas ayer por el diario The New York Times.
En el reportaje titulado “ After 78 Killings, a Honduran Drug Lord Partners With the U.S”. (Después de 78 asesinatos, un capo hondureño de las drogas se asocia con los Estados Unidos), el diario neoyorquino publicó en su sitio web ( nytimes.com) las revelaciones sobre las reuniones de los Cachiros con la DEA.
A continuación un resumen de la publicación del The New York Times.
El número de asesinatos que el señor de la droga hondureño admitió haber orquestado durante 10 años fue impresionante. Los muertos incluyeron a personas que describió como asesinos, violadores y pandilleros. Luego estaban los inocentes: un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que servía como zar antidrogas de Honduras y un político que se convirtió en su asesor; hubo incluso dos niños atrapados en un tiroteo.
En total, el narcotraficante Devis Leonel Rivera dijo que, trabajando de concierto con narcotraficantes y otros, había “causado” la muerte de 78 personas, un número que planteaba un dilema para los funcionarios de Estados Unidos cuando Rivera llegó a ellos ofreciendo exponer la corrupción de alto nivel en esta nación.
Sabiendo que ya estaba en la mira de los investigadores de Estados Unidos, Rivera trató de ayudar a la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a erradicar a los políticos hondureños corruptos y a otras élites que habían hecho de Honduras una puerta para enviar cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos a través de México.
La oferta llegó en un momento en que los funcionarios estadounidenses estaban profundamente preocupados por la caída de Honduras en la anarquía.
Asesinato de un general
Los hermanos Rivera, que dirigían una organización de traficantes llamada Los Cachiros, construyeron una fortuna como intermediarios, trasladando cocaína de pistas de aterrizaje ocultas hacia el norte a los carteles mexicanos.
A finales de 2009, el señor Rivera testificó que él y otros traficantes se sentían amenazados por el general Julián Arístides González Irías, el zar antidrogas hondureño.
“La decisión fue tomada para matarlo”, declaró Rivera. El general Arístides González fue asesinado el 8 de diciembre de 2009 por un pistolero en una motocicleta.
Rivera declaró que los traficantes pagaron entre $200,000 y $300,000 por el asesinato, que fue coordinado por un grupo de policías.
Preocupado por la posibilidad de extradición a Estados Unidos, Rivera dijo que pagó más de 400,000 dólares en sobornos al presidente Porfirio Lobo, antes y después de las elecciones de noviembre de 2009. En la casa del presidente Lobo, a principios de 2010, Rivera recibió la garantía que quería.
“El presidente me dijo que le dijera a mi hermano que no se preocupara”, recordó Rivera, “porque durante su mandato de cuatro años nadie sería extraditado”.
El presidente Lobo también designó a su hijo Fabio, que en su tiempo fue juez de la corte de menores, “como intermediario que podría protegernos, ayudarnos -a Los Cachiros-”, dijo Rivera.
Reunión en Belice
El 5 de diciembre de 2013, Rivera y su abogado se reunieron con la DEA y por lo menos un fiscal en una sesión secreta en Belice, según un documento. En total, se realizaron unas 20 sesiones.
Este verano, el Gobierno, a través de la DEA, mostró que en 2013 Rivera, secretamente, grabó una conversación con otro narco hondureño que afirmó haber hecho un pago de $250,000 destinado a Juan Orlando Hernández, quien luego se convirtió en presidente de Honduras. El documento no indica que Hernández haya recibido el dinero.
La oficina de Hernández respondió que no estaba enterada hasta que la investigación de The Times daba esta alegación de la DEA sobre el citado documento. Atribuyó la reclamación a los narcotraficantes que han sido blanco de la campaña antidrogas del propio gobierno de Hernández.
“Es lógico e incluso predecible que los criminales que han sido dañados por las acciones de nuestro Gobierno sientan odio y resentimiento contra aquellos que han tomado esas decisiones”, escribió la oficina de Hernández en un comunicado.
La oficina del Presidente dijo que la lucha de la administración contra los narcotraficantes ha resultado en 14 extradiciones y la destrucción de 150 pistas de aterrizaje clandestinas. Durante el Gobierno de Hernández, la tasa de homicidios de Honduras ha caído. Alrededor de un tercio de la fuerza policial ha sido despedida tras revelaciones del papel de algunos funcionarios en los asesinatos relacionados con las drogas.
Narcotraficantes hondureños pagaron entre $200,000 y $300,000 por el asesinato del zar antidrogas el general Julián Arístides González Irías, según confesiones del capo Devis Leonel Rivera Maradiaga, reveladas ayer por el diario The New York Times.
En el reportaje titulado “ After 78 Killings, a Honduran Drug Lord Partners With the U.S”. (Después de 78 asesinatos, un capo hondureño de las drogas se asocia con los Estados Unidos), el diario neoyorquino publicó en su sitio web ( nytimes.com) las revelaciones sobre las reuniones de los Cachiros con la DEA.
A continuación un resumen de la publicación del The New York Times.
El número de asesinatos que el señor de la droga hondureño admitió haber orquestado durante 10 años fue impresionante. Los muertos incluyeron a personas que describió como asesinos, violadores y pandilleros. Luego estaban los inocentes: un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que servía como zar antidrogas de Honduras y un político que se convirtió en su asesor; hubo incluso dos niños atrapados en un tiroteo.
En total, el narcotraficante Devis Leonel Rivera dijo que, trabajando de concierto con narcotraficantes y otros, había “causado” la muerte de 78 personas, un número que planteaba un dilema para los funcionarios de Estados Unidos cuando Rivera llegó a ellos ofreciendo exponer la corrupción de alto nivel en esta nación.
Sabiendo que ya estaba en la mira de los investigadores de Estados Unidos, Rivera trató de ayudar a la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a erradicar a los políticos hondureños corruptos y a otras élites que habían hecho de Honduras una puerta para enviar cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos a través de México.
La oferta llegó en un momento en que los funcionarios estadounidenses estaban profundamente preocupados por la caída de Honduras en la anarquía.
Asesinato de un general
Los hermanos Rivera, que dirigían una organización de traficantes llamada Los Cachiros, construyeron una fortuna como intermediarios, trasladando cocaína de pistas de aterrizaje ocultas hacia el norte a los carteles mexicanos.
A finales de 2009, el señor Rivera testificó que él y otros traficantes se sentían amenazados por el general Julián Arístides González Irías, el zar antidrogas hondureño.
“La decisión fue tomada para matarlo”, declaró Rivera. El general Arístides González fue asesinado el 8 de diciembre de 2009 por un pistolero en una motocicleta.
Rivera declaró que los traficantes pagaron entre $200,000 y $300,000 por el asesinato, que fue coordinado por un grupo de policías.
Preocupado por la posibilidad de extradición a Estados Unidos, Rivera dijo que pagó más de 400,000 dólares en sobornos al presidente Porfirio Lobo, antes y después de las elecciones de noviembre de 2009. En la casa del presidente Lobo, a principios de 2010, Rivera recibió la garantía que quería.
“El presidente me dijo que le dijera a mi hermano que no se preocupara”, recordó Rivera, “porque durante su mandato de cuatro años nadie sería extraditado”.
El presidente Lobo también designó a su hijo Fabio, que en su tiempo fue juez de la corte de menores, “como intermediario que podría protegernos, ayudarnos -a Los Cachiros-”, dijo Rivera.
Reunión en Belice
El 5 de diciembre de 2013, Rivera y su abogado se reunieron con la DEA y por lo menos un fiscal en una sesión secreta en Belice, según un documento. En total, se realizaron unas 20 sesiones.
Este verano, el Gobierno, a través de la DEA, mostró que en 2013 Rivera, secretamente, grabó una conversación con otro narco hondureño que afirmó haber hecho un pago de $250,000 destinado a Juan Orlando Hernández, quien luego se convirtió en presidente de Honduras. El documento no indica que Hernández haya recibido el dinero.
La oficina de Hernández respondió que no estaba enterada hasta que la investigación de The Times daba esta alegación de la DEA sobre el citado documento. Atribuyó la reclamación a los narcotraficantes que han sido blanco de la campaña antidrogas del propio gobierno de Hernández.
“Es lógico e incluso predecible que los criminales que han sido dañados por las acciones de nuestro Gobierno sientan odio y resentimiento contra aquellos que han tomado esas decisiones”, escribió la oficina de Hernández en un comunicado.
La oficina del Presidente dijo que la lucha de la administración contra los narcotraficantes ha resultado en 14 extradiciones y la destrucción de 150 pistas de aterrizaje clandestinas. Durante el Gobierno de Hernández, la tasa de homicidios de Honduras ha caído. Alrededor de un tercio de la fuerza policial ha sido despedida tras revelaciones del papel de algunos funcionarios en los asesinatos relacionados con las drogas.
| “Están siendo derrotados”
La ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones de Casa Presidencial, Christa Castro, emitió un comunicado a raíz de la publicación de The New York Times:
“El artículo del NYT muestra con crudeza el accionar criminal de los carteles del narcotráfico y el crimen organizado internacional por boca de uno de sus capos, asesino confeso de por lo menos 78 hondureños, entre ellos, los funcionarios encargados de combatirlo y perseguir sus actividades criminales. Reconoce y revela también cómo, en los últimos 4 años, se desarticularon y derrotaron las bandas criminales (...). En suma, por boca de los principales responsables de la tragedia, señala cómo están siendo derrotados en esta guerra y cómo, cercados por la acción del Gobierno de Honduras, pactaron con el Gobierno de Estados Unidos para liberarse de ser juzgados por sus crímenes en territorio hondureño. La sucesión de batallas en las que se viene operando la derrota de las bandas criminales representa un cambio de una dimensión difícil de imaginar hace apenas cuatro años. Sacar del juego a estas bandas criminales permitió una reducción en la tasa de homicidios de casi un 50%. La destrucción de 150 narcopistas y una docena de narcolaboratorios, el fortalecimiento de escudos terrestres, marítimo y aéreo ha producido una dramática reducción en los vuelos de los narcotraficantes, como lo atestigua la evidencia en la reducción de las trazas detectadas por las autoridades de EUA. El confinamiento de los más peligrosos criminales y narcotraficantes hondureños en nuevas cárceles de máxima seguridad, aislándolos del manejo de las bandas criminales en el territorio; la profunda depuración de la Policía Nacional, de la que fueron separados más de cuatro mil elementos y funcionarios, y la decidida incorporación de la Policía Militar de Orden Público a la lucha contra el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado en todas sus formas han rendido sus frutos. Frutos que no habría sido posible consolidar sin una reorganización sin precedentes del Ministerio Público y la justicia, todo en poco más de cuatro años. Es cierto, como señala el artículo del NYT, que los actores del crimen organizado internacional, los herederos y secuaces de los capos extraditados y prófugos están intentando construir en Honduras, y en el resto del Triángulo Norte, una “segunda generación” de estructuras criminales para continuar atendiendo la demanda de los países del norte de la droga producida en los países del sur de América. Como lo es también que están poniendo recursos para desarrollar mercados emergentes para la colocación de drogas en los países del Triángulo Norte a través del fortalecimiento de maras y pandillas locales (...) Pero esa estrategia plantea, como pieza fundamental, sacar del juego a quienes los han combatido con más efectividad. Antes lo hacían, según la confesión de Rivera Maradiaga, ordenando su asesinato. Planearon y pagaron para asesinar al presidente Hernández, en un complot desarticulado por inteligencia de EUA y de Honduras, cuyos actores están hoy en la cárcel. Ahora han recurrido a insinuaciones falsas que buscan involucrar y desacreditar a su principal enemigo, el presidente Hernández, sin aportar ninguna evidencia de sus acusaciones, simplemente porque son falsas. Y lo hacen a 50 días de una elecciones nacionales en las que, de resultar reelecto el actual Presidente, tienen garantizada la continuidad de la guerra a sus organizaciones y su derrota definitiva. El Presidente ha señalado una y otra vez que en Honduras nadie está ni puede, ni debe estar por encima de la ley. Solo así, con esa certeza, podrá continuar profundizándose nuestra alianza con los países que son nuestros socios para hacer justicia dentro y fuera de Honduras. Y solo así podremos consolidar los cambios en el país, que hoy son notorios y se reconocen a nivel de organismos internacionales, calificadoras de riesgo y países amigos. La ruta es una sola y en ella estamos comprometidos”. |
