Tegucigalpa, Honduras.
El dictamen de uno de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el artículo 335-B del Código Penal está listo y el martes de la próxima semana será abordado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, confirmó ayer el magistrado presidente Rolando Argueta, tras reunirse con la junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras ( CPH).
El encuentro se dio al cabo de un plantón realizado la mañana de ayer por los miembros del CPH frente al edificio del Poder Judicial en Tegucigalpa para demandar a los magistrados agilizar los recursos contra el 335-B.
Simultáneamente el capítulo del CPH de San Pedro Sula se pronunció sobre el mismo tema en el edificio de los tribunales de esa ciudad.
“Hace un mes se reunió el pleno de magistrados de la Corte para abordar este tema referente al artículo 335-B y el predictamen de uno de los recursos está muy avanzado. Según lo planeado, el próximo martes se agotará este tema”, afirmó Argueta.
Explicó que las opiniones que el Poder Judicial brinda al Congreso Nacional son ilustrativas, pero en casos de fallos o desestimaciones, las normas se reforman o derogan.
Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH, informó que de los dos recursos que tiene pendiente de pronunciarse la Corte, uno de ellos “va bien encaminado”, mientras que en el segundo ya se inició su análisis jurídico.
“Después de nuestro plantón, nos reunimos con el presidente de la Corte y él escuchó nuestros puntos de vista y confirmó que uno de los dos recursos va avanzado”, confirmó.
Demandas
Al plantón que organizó el CPH, llegaron decenas de agremiados, estudiantes de diversas universidades, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el máximo representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). José María Díaz, presidente del CAH, se solidarizó con el CPH y ofreció asesoría legal para agotar todas las instancias nacionales, y de no encontrar solución, acudir a instancias internacionales. “Nos sumamos a la defensa de la libertad de expresión y ya le ofrecimos consultores jurídicos al CPH, para que de ser necesario se toquen las instancias internacionales”, señaló.
Díaz informó que su posición como gremio se replanteó para ahora exigir, junto con el CPH la derogación total y no la reforma al artículo 335-B del Código Penal.
“Si la Corte no resuelve este tema, propondremos al CPH que se interpongan denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previo a una demanda en la Corte Interamericana de Justicia”, sentenció.
El jurista valoró que la apología del delito redacción concepción fue incorrecta porque el derecho penal está en constante evolución y se corre el peligro de que jueces apliquen mal dicho concepto.
La protesta se realizó en las afueras de la Corte, ante la rigurosidad del personal de seguridad asignado a los parqueos en este lugar. La Policía Nacional también tuvo presencia en el lugar, pero no hubo ningún incidente.
Noé Leiva Bardales, corresponsal extranjero y director de la Escuela de Periodismo de la Unah, opinó que el terrorismo es un concepto no definido aún por las Naciones Unidas. El académico advirtió sobre los peligros de tener una sociedad mal informada y sugirió que la única restricción que debe tener un periodista o un comunicador, es su cláusula de conciencia.
El dictamen de uno de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el artículo 335-B del Código Penal está listo y el martes de la próxima semana será abordado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, confirmó ayer el magistrado presidente Rolando Argueta, tras reunirse con la junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras ( CPH).
El encuentro se dio al cabo de un plantón realizado la mañana de ayer por los miembros del CPH frente al edificio del Poder Judicial en Tegucigalpa para demandar a los magistrados agilizar los recursos contra el 335-B.
Simultáneamente el capítulo del CPH de San Pedro Sula se pronunció sobre el mismo tema en el edificio de los tribunales de esa ciudad.
“Hace un mes se reunió el pleno de magistrados de la Corte para abordar este tema referente al artículo 335-B y el predictamen de uno de los recursos está muy avanzado. Según lo planeado, el próximo martes se agotará este tema”, afirmó Argueta.
Explicó que las opiniones que el Poder Judicial brinda al Congreso Nacional son ilustrativas, pero en casos de fallos o desestimaciones, las normas se reforman o derogan.
 El presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez encabezó los actos que tuvieron lugar frente al Poder Judicial.
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“Después de nuestro plantón, nos reunimos con el presidente de la Corte y él escuchó nuestros puntos de vista y confirmó que uno de los dos recursos va avanzado”, confirmó.
Demandas
Al plantón que organizó el CPH, llegaron decenas de agremiados, estudiantes de diversas universidades, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el máximo representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). José María Díaz, presidente del CAH, se solidarizó con el CPH y ofreció asesoría legal para agotar todas las instancias nacionales, y de no encontrar solución, acudir a instancias internacionales. “Nos sumamos a la defensa de la libertad de expresión y ya le ofrecimos consultores jurídicos al CPH, para que de ser necesario se toquen las instancias internacionales”, señaló.
Díaz informó que su posición como gremio se replanteó para ahora exigir, junto con el CPH la derogación total y no la reforma al artículo 335-B del Código Penal.
“Si la Corte no resuelve este tema, propondremos al CPH que se interpongan denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previo a una demanda en la Corte Interamericana de Justicia”, sentenció.
 Decenas de periodistas de San Pedro Sula también participaron en el plantón convocado por el CPH.
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La protesta se realizó en las afueras de la Corte, ante la rigurosidad del personal de seguridad asignado a los parqueos en este lugar. La Policía Nacional también tuvo presencia en el lugar, pero no hubo ningún incidente.
Noé Leiva Bardales, corresponsal extranjero y director de la Escuela de Periodismo de la Unah, opinó que el terrorismo es un concepto no definido aún por las Naciones Unidas. El académico advirtió sobre los peligros de tener una sociedad mal informada y sugirió que la única restricción que debe tener un periodista o un comunicador, es su cláusula de conciencia.
