Tegucigalpa, Honduras.
Pese a la polémica que ha generado la reducción de penas por corrupción en el Congreso Nacional, una comparación del actual Código Penal vigente y el nuevo proyecto de Código que discuten los diputados establece que las penas por ese delito sufren un aumento con relación a la actual normativa.
El cuestionamiento de las bancadas de oposición surgió porque inicialmente en el pleno legislativo se aprobó dejar las penas por malversación de caudales públicos en seis y nueve años de prisión, pero mediante una reconsideración del acta se cambió a cuatro y seis años de cárcel, lo que generó el malestar de la disidencia política.
No obstante, los directivos del Congreso ratificaron ayer que no es cierto que haya una reducción de penas, por el contrario son más altas en comparación con la normativa vigente.
Comparación
Para el caso, el artículo 370 del Código Penal vigente penaliza la malversación de caudales públicos con reclusión de dos a cinco años y señala además un agravante de la pena, dependiendo de la cuantía de lo malversado que va de seis a 12 años de prisión.
En la versión del nuevo Código Penal que ya está aprobada, la malversación tiene una penalización de cuatro a seis años de prisión y tiene los agravantes siguientes: una pena de seis a nueve años cuando lo malversado supera los 500,000 lempiras.
La pena incrementa en un tercio, es decir, de 9 a 12 años cuando los hechos recaen sobre bienes públicos de valor histórico, cultural y artístico o cuando se afecte servicios públicos de primera necesidad, la salud y los institutos de previsión.
La pena se aumentará hasta dos tercios, cuando lo malversado excede los 500 mil lempiras. En este supuesto y dependiendo las circunstancias pueden haber penas hasta de 15 años de privación de libertad.
Por otro lado, el artículo 371 del Código Penal vigente no regula la malversación imprudente ni fija una pena de prisión, pero en el texto recién aprobado tiene una pena de prisión de hasta tres años.
Además, en el artículo 372 se regula la malversación por aplicación oficial con una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, pero con la nueva versión penal recién aprobada, la pena es de cuatro a seis años de prisión.
A la luz de lo anterior, los delitos de malversación en el nuevo Código sufren un aumento de uno y dos años de cárcel en algunos casos y de tres en otros en los que no se tipificaba ningún tipo de sanción en la normativa vigente.
En ambos Códigos se mantiene la pena de hasta 12 años de prisión cuando se trata de ciertos agravantes, pero en el nuevo código puede aumentar hasta 15 años.
Pese a la polémica que ha generado la reducción de penas por corrupción en el Congreso Nacional, una comparación del actual Código Penal vigente y el nuevo proyecto de Código que discuten los diputados establece que las penas por ese delito sufren un aumento con relación a la actual normativa.
El cuestionamiento de las bancadas de oposición surgió porque inicialmente en el pleno legislativo se aprobó dejar las penas por malversación de caudales públicos en seis y nueve años de prisión, pero mediante una reconsideración del acta se cambió a cuatro y seis años de cárcel, lo que generó el malestar de la disidencia política.
| Reforma
Mediante la reconsideración del acta se bajaron las penas en un año para las modalidades de malversación.
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Comparación
Para el caso, el artículo 370 del Código Penal vigente penaliza la malversación de caudales públicos con reclusión de dos a cinco años y señala además un agravante de la pena, dependiendo de la cuantía de lo malversado que va de seis a 12 años de prisión.
En la versión del nuevo Código Penal que ya está aprobada, la malversación tiene una penalización de cuatro a seis años de prisión y tiene los agravantes siguientes: una pena de seis a nueve años cuando lo malversado supera los 500,000 lempiras.
La pena incrementa en un tercio, es decir, de 9 a 12 años cuando los hechos recaen sobre bienes públicos de valor histórico, cultural y artístico o cuando se afecte servicios públicos de primera necesidad, la salud y los institutos de previsión.
La pena se aumentará hasta dos tercios, cuando lo malversado excede los 500 mil lempiras. En este supuesto y dependiendo las circunstancias pueden haber penas hasta de 15 años de privación de libertad.
Por otro lado, el artículo 371 del Código Penal vigente no regula la malversación imprudente ni fija una pena de prisión, pero en el texto recién aprobado tiene una pena de prisión de hasta tres años.
Además, en el artículo 372 se regula la malversación por aplicación oficial con una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, pero con la nueva versión penal recién aprobada, la pena es de cuatro a seis años de prisión.
A la luz de lo anterior, los delitos de malversación en el nuevo Código sufren un aumento de uno y dos años de cárcel en algunos casos y de tres en otros en los que no se tipificaba ningún tipo de sanción en la normativa vigente.
En ambos Códigos se mantiene la pena de hasta 12 años de prisión cuando se trata de ciertos agravantes, pero en el nuevo código puede aumentar hasta 15 años.
| CNA en contra de decisión del Congreso
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó ayer su preocupación en torno a la reconsideración para rebajar las penas por los delitos de corrupción aprobadas por el Congreso Nacional y advirtió que eso puede dar lugar a la aplicación de medidas alternas en procesos penales contra implicados en casos de corrupción pública.
En un comunicado, el organismo de sociedad civil recordó que el CNA sugirió al Legislativo endurecer las penas contra los corruptos y evitar medidas alternas con el objeto de combatir de manera real el latrocinio de los bienes públicos en el país. Señaló que con la reconsideración hecha al nuevo Código Penal que se discute en el Congreso se está permitiendo “un trato beneficioso a los corruptos, quienes podrán gozar de salidas alternas en el proceso penal y sobre todo en un eventual juicio abreviado cambiar su privación de libertad por dinero”. “Es preocupante que esta sea la tendencia en los otros delitos pendientes de discutir para su aprobación. Desde ya podemos observar la crónica de una impunidad anunciada”, aseveró el CNA. |
