La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, informó que recomendó al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, cancelar a 455 integrantes de la Policía Nacional y personal auxiliar, y suspensión del servicio policial sin goce de sueldo de otros 101 miembros de la carrera policial.
De los 455 policías, 73 fueron cancelados por reestructuración. De ellos, 39 son profesionales del derecho que se desempeñaban en diferentes unidades de asesoría jurídica en calidad de personal auxiliar del área legal.
La comisión autorizó el retiro voluntario de 198 policías en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y la pensión incapacidad total y permanente a 13 oficiales, agentes y personal auxiliar, por parte del Instituto de Previsión Militar (IPM), en el marco del artículo 109, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Los depuradores, luego del análisis de los expedientes disciplinarios y la valoración de los informes de policías que han cometido faltas graves, y habiéndose comprobado que se ha cumplido el debido proceso, se instó al secretario de Seguridad a cancelar por justa causa sin responsabilidad para el Estado de Honduras, en sus diferentes motivos, el acuerdo de nombramiento a 144 policías y personal auxiliar. Las causales de las cancelaciones fueron por despido, abandono de cargo y tener sentencia condenatoria firme.
La comisión pidió a Tinoco, cancelar el acuerdo de nombramiento de miembros policiales y personal auxiliar por la causal de muerte, de acuerdo al artículo 109 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y por Retiro Obligatorio, de acuerdo al artículo 112 de la misma Ley, a un total de 27 integrantes de la Carrera Policial.
101 miembros suspendidos
La comisión decidió suspender del servicio policial sin goce de sueldo, a un total de 101 oficiales, agentes y auxiliares, de acuerdo al artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Entre los suspendidos se encuentra Reyna Elizabeth Ayala Reyes, profesional del derecho que actualmente presta sus servicios en la función de asesorar los procedimientos administrativos y legales de los funcionarios policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) Número 1, con sede en Barrio Los Dolores de Tegucigalpa.
Ayala fue detenida por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dependientes del Ministerio Público (MP), en el caso que por lavado de activos se le ha iniciado al ex oficial de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández.
