Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) anunció este jueves en Tegucigalpa, capital de Honduras, cuáles serán las líneas de investigación en el caso del proyecto concedido a la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), responsable de la planta hidroeléctrica Agua Zarca en el occidente de Honduras.
La Maccih también refirió que no se han capturado a los autores intelectuales del asesinato, el 3 de marzo de 2016, de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres.
'Veamos un poco las vinculaciones. Desa fue constituida como empresa el 25 de mayo de 2009, su capital social fue de 25 mil lempiras (para iniciar el emprendimiento), y esta empresa con poco más de 1,000 dólares inició una actividad empresarial y vino en el tiempo incrementando su capital social', dijo Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih.
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DESA TUVO UN CRECIMIENTO DE MÁS DE 15 MIL VECES SU CAPITAL INICIAL, SEGÚN LA MACCIH
Jiménez Mayor reveló que 'hasta febrero de 2014 (Desa) pasó de 25 mil lempiras a 381 millones de lempiras. Más de 15 mil veces su capital social'.
El vocero de la Maccih considera que es importante analizar la legitimidad de estos fondos de aumento de capital de esta empresa 'para verificar si no está vinculado al lavado de activos'.
'Estamos simplemente señalando una hipótesis porque nos sorprende el crecimiento de esta empresa en estos términos', argumentó.
 Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih.
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ESTRUCTURA DE LA EMPRESA, RESPONSABILIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
El vocero de la Maccih dijo que 'la empresa fue constituida por los hermanos Roberto y Giovanni Abate Ponce y durante todo el tiempo de los procedimientos administrativos para la obtención de permisos, concesiones y contratos, el representante legal era la abogada Carolina Lisseth Castillo Argueta'.
Posteriomente, dice el jefe de la Maccih, 'aparecen en escena dos empresas: Potencia y Energía de Mesoamérica, cuyo representante legal es Gerardo Argucia Mercadal, e Inversiones La Jacarandas SA, cuyo representante legal es el señor Atala Midence'.
'En la composición orgánica de Desa aparece Roberto David Castillo Mejía, como presidente, Jacobo Nicolás Atala Zablah, como vicepresidente y Pedro Atala, como vocal'.
Afirmó que 'la empresa se constituye en mayo de 2009 y en noviembre estaba participando en la licitación energética por parte del Estado'.
Reiteró que cuando Desa inició tenía un “capital que era de 25 mil lempiras y aspiraba al contrato millonario de energía eléctrica. Gana la licitación y se suscribe el contrato de operaciones y de agua entre Desa y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) el 22 de enero de 2010”.
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CONTRATO CON LA ENEE
El peruano subrayó que 'el 6 de junio se suscribió con la Enee el contrato para el suministro de energía'.
Explicó que 'en las concesiones, lo más importante es tener la garantía de compra de la empresa estatal, la cual se logró con fecha 3 de julio de 2010'.
El Congreso aprueba el contrato el 9 de septiembre de 2010, reveló.
“Todos estos actos se realizaron sin que exista la licencia ambiental para que se dé un contrato de este tamaño. La pregunta es cómo se puede otorgar un contrato sin que se haya hecho el estudio sobre el impacto ambiental que iba a generar”, acotó.
La licencia ambiental se otorgó el 25 de marzo de 2011 y una particularidad de la misma es que se otorgó sin hacer la consulta previa a los pueblos indígenas, a criterio de la Maccih.
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DESA PASÓ DE 14,458 KILOVATIOS A 21,7 MEGAVATIOS, SEGÚN LA MACCIH
El 14 de mayo de 2011 aprobó el contrato de operaciones con la Secretaría de Recursos Naturales y se dieron otros elementos y se amplió la capacidad de generación eléctrica y la compra de la Enee de 14,458 kilovatios a 21,7 megavatios.
“Esto implicaba una diferencia sustancial del proyecto y de la capacidad de compra que tenía que hacer la Enee', enfatizó.
Informó que 'además se amplió la licencia ampbiental por la que está procesado Darío Roberto Cardona, detenido el 14 de octubre de 2016, pero lo curioso es que quien otrogó la licencia original sin hacer consulta previa, que fue el señor Rigoberto Cuellar, entonces ministro de Serna, (y este) no tiene ningún requerimiento o una investigación sobre la materia y eso lo trabajaremos con el Ministerio Público”.
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SE AMPLIÓ LA CAPACIDAD DEL PROYECTO SIN PASAR POR EL CONGRESO NACIONAL
Jiménez Mayor contó que se amplió la capacidad del proyecto el 16 de enero de 2012 sin pasar por el Congreso Nacional.
'Lo decidió un funcionario de un ministerio, lo cual tiene jurídicas, contractuales y patrimoniales, porque hay compromisos de pago de energía eléctrica adicionales a los establecidos en los contratos originales, y excede el periodo de Gobierno, lo cual tuvo que haber pasado por el Congreso', explicó.
Añadió que 'el otorgamiento de la licencia ambiental se hizo con posterioridad al otorgamiento del contrato, y no se hizo la consulta previa en ninguno de los pasos del procedimiento y en ninguno de los pasos para el contrato en el proyecto Agua Zarca por Desarrollo Energéticos (Desa)'.
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SOBRE RIGOBERTO CUELLAR, EXMINISTRO DE LA SERNA Y ACTUAL FISCAL ADJUNTO DE LA REPÚBLICA
'Les presentamos el problema de las licencias ambientales, otorgadas por el entonces ministro de la Serna, Rigoberto Cuellar Cruz, y el señor Rafael Antonio Canales, secretario general de ese organismo', manifestó Mayor durante la conferencia de prensa.
'Cómo es posible que el señor Roberto Cardona esté procesado y detenido por ampliar la licencia y quién otorgó la licencia original no tenga ningún tipo de consecuencias', se preguntó haciendo referencia a Rigoberto Cuellar.
Cuellar era entonces el titular de la Serna y ahora es el actual Fiscal Adjunto de la República.
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LA MACCIH DENUNCIA DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y LA POSIBILIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS
'Estamos realizando la hipótesis de trabajo, no estamos haciendo una calificación o determinando la responsabilidad de las personas, son elementos de juicio que nos pueden llevar a una investigación que ya se inició en el Ministerio Público, con la que trabajaremos en conjunto, por los presuntos delitos de la concesión', maniestó.
“Los delitos que se están investigando en este caso son abuso de autoridad, fraude –entre la empresa y funcionarios- y la posibilidad de lavado de activos. En este caso hay o habría la participación de funcionarios públicos, hay que ver la responsabilidad de los representantes de la empresa Desa, hay una conexión de una empresa que conforma Desa en Panamá y hay que verificar esa conexión de la Empresa Potencia y Energía de Maesoamérica', expuso.
