Tegucigalpa, Honduras.
El juicio por delitos de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, por 10.6 millones de lempiras, contra José Rosario Bonano Zaldívar comenzó ayer en la Sala I de los Tribunales de Sentencia de la capital.
Bonano, quien fue secretario de la disuelta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vienda (Soptravi), ahora Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), es acusado por la Fiscalía de hechos referentes a la construcción de una carretera desde La Esperanza, Intibucá, hacia Márcala, en el departamento de La Paz, debido a que dicho proyecto sufrió varios atrasos y no se concluyó su ejecución en tiempo y forma.
Bonano suscribió en 2009 un convenio con Roberto Andino Varela, representante de la constructora Consultoría y Construcción (Consulco), acción que valorada por la Fiscalía como “un incumplimiento del contrato” por parte de dicha compañía.
“Era un proyecto desfasado. La fianza no fue ejecutada y se optó por llegar a un consentimiento, dado que también el Estado había incurrido en varias fallas. No es cierto que se hubiesen registrado pérdidas por la cancelación del contrato”, argumentó el Ministerio Público.
Los fiscales dijeron que de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado, la “única salida era la resolución por incumplimiento del contrato y no un convenio sobre mutuo acuerdo”, lo que permitió que garantías de cumplimiento y anticipo se vencieran y no se ejecutaran en perjuicio de las finanzas públicas. Consulco debía devolver antes de marzo de 2009 unos 10.6 millones de lempiras al Estado. El juicio continúa mañana.
El juicio por delitos de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, por 10.6 millones de lempiras, contra José Rosario Bonano Zaldívar comenzó ayer en la Sala I de los Tribunales de Sentencia de la capital.
Bonano, quien fue secretario de la disuelta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vienda (Soptravi), ahora Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), es acusado por la Fiscalía de hechos referentes a la construcción de una carretera desde La Esperanza, Intibucá, hacia Márcala, en el departamento de La Paz, debido a que dicho proyecto sufrió varios atrasos y no se concluyó su ejecución en tiempo y forma.
Bonano suscribió en 2009 un convenio con Roberto Andino Varela, representante de la constructora Consultoría y Construcción (Consulco), acción que valorada por la Fiscalía como “un incumplimiento del contrato” por parte de dicha compañía.
“Era un proyecto desfasado. La fianza no fue ejecutada y se optó por llegar a un consentimiento, dado que también el Estado había incurrido en varias fallas. No es cierto que se hubiesen registrado pérdidas por la cancelación del contrato”, argumentó el Ministerio Público.
Los fiscales dijeron que de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado, la “única salida era la resolución por incumplimiento del contrato y no un convenio sobre mutuo acuerdo”, lo que permitió que garantías de cumplimiento y anticipo se vencieran y no se ejecutaran en perjuicio de las finanzas públicas. Consulco debía devolver antes de marzo de 2009 unos 10.6 millones de lempiras al Estado. El juicio continúa mañana.
