Tegucigalpa, Honduras.
Hasta el momento se ha detectado que más de 343 millones de lempiras, unos 14.5 millones de dólares, otorgaron diferentes instituciones del Estado a empresas vinculadas a la organización narcotraficante hondureña Los Cachiros.
Durante el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa se le adjudicaron al menos 29 contratos a empresas relacionadas, ya sea a Javier Eriberto como a Devis Leonel Rivera Maradiaga, que eran los líderes de Los Cachiros.
Ambos están presos ahora en Estados Unidos acusados por narcotráfico.
Tanto la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), el Fondo Vial y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) fueron las que les adjudicaron, entre las tres, un total de 29 contratos a favor de las empresas de Los Cachiros.
La ahora desaparecida Soptravi les adjudicó 20 proyectos, que sumaban L54.7 millones.
Mientras que el Fondo Vial, otorgó a empresas de Los Cachiros ocho acuerdos, que sumaron L88.6 millones, (tres millones 743 mil dólares) y la Enee, un proyecto de L98 millones (cuatro millones 140 mil dólares) que luego fue sobrevalorado por más de L102 millones, para hacer un total de más de L200 millones (8.4 millones de dólares) para la construcción del complejo habitacional en Patuca III.
Entre todos estos contratos sumaron más de L343 millones (14.5 millones de dólares) que fueron aprobados para empresas vinculadas al cartel.
“Desde hace un tiempo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció la sobrevaloración de un contrato de la Enee y Acrópolis.
Al representante de esta compañía (Francisco Arturo Mejía), el 11 de junio de 2011 Los Cachiros le dieron un poder de representación para que administrara todos los bienes de Inrimar. El 12 de agosto del mismo año, el Estado suscribió un contrato con Acrópolis”, informó el jefe de la unidad de investigación del CNA, Odir Fernández.
Invitación
Un documento revela cómo las autoridades principales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) invitaron a Devis Rivera a que presentara oferta para la construcción del polémico complejo habitacional en la represa hidroeléctrica Patuca III, ubicado entre Olancho y El Paraíso.
Mediante oficio GG-0393-A-2011, el entonces gerente general, Roberto Martínez Lozano, le escribió al Cachiro, quien fungía como presidente del consejo administrativo de la Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar).
“Estimado señor Rivera, la Enee a través de la Unidad Especial de Proyectos Públicos de Energía Renovable (Ueper) tiene el agrado de invitarle a presentar oferta para construcción de unidades de vivienda para el campamento del proyecto hidroelétrico Patuca III”, le dijo Martínez al Cachiro.
Le señaló que el proyecto se realizaría conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Especial Reguladora de Proyectos de Energía Renovable, contenida en el decreto 279-2010.
Martínez Lozano firmó la invitación junto con Carlos José Díaz, entonces director de la Ueper.
Inrimar firmó como recibida la invitación y posteriormente participó en la licitación, la cual no ganó.
La polémica licitación
Junto con Inrimar participaron Arqdico S. de R.L. y Acrópolis S.A., las que estaban directamente vinculadas a Los Cachiros.
Acrópolis fue la que finalmente ganó la licitación por un monto de L98,171,991.18.
Según las investigaciones de las autoridades, Acrópolis no estaba a nombre de Los Cachiros, sino de Francisco Arturo Mejía, quien era el apoderado legal de los hermanos Rivera Maradiaga y quien, a su vez, se encargó de redactar el acta de constitución de Inrimar. Esto lo relaciona directamente con el desmantelado cartel de narcotraficantes.
“Les solicito a las autoridades que saquen los contratos que yo firmé con Inrimar, no existen, pero esta compañía en 2013 apareció entre las 92 empresas calificadas para hacer negocios con el Estado, eso lo dijo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mediante un informe. Lo que le sucedió a esta empresa se supo hasta en 2015”, explicó Roberto Martínez, exgerente de la Enee, quien se puso a la disposición de las autoridades ante cualquier investigación.
El exfuncionario insistió en que la inmobiliaria de Los Cachiros no se constituyó como empresa y participaba en licitaciones sin problemas porque estaba legalmente operando.
Sobre Acrópolis, dijo que se resiste a creer que esté ligada al narcotráfico porque ha desarrollado proyectos con varias instituciones. Sin embargo, comentó que su papel no es defender empresas.
Hasta el momento se ha detectado que más de 343 millones de lempiras, unos 14.5 millones de dólares, otorgaron diferentes instituciones del Estado a empresas vinculadas a la organización narcotraficante hondureña Los Cachiros.
Durante el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa se le adjudicaron al menos 29 contratos a empresas relacionadas, ya sea a Javier Eriberto como a Devis Leonel Rivera Maradiaga, que eran los líderes de Los Cachiros.
Ambos están presos ahora en Estados Unidos acusados por narcotráfico.
Tanto la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), el Fondo Vial y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) fueron las que les adjudicaron, entre las tres, un total de 29 contratos a favor de las empresas de Los Cachiros.
La ahora desaparecida Soptravi les adjudicó 20 proyectos, que sumaban L54.7 millones.
Mientras que el Fondo Vial, otorgó a empresas de Los Cachiros ocho acuerdos, que sumaron L88.6 millones, (tres millones 743 mil dólares) y la Enee, un proyecto de L98 millones (cuatro millones 140 mil dólares) que luego fue sobrevalorado por más de L102 millones, para hacer un total de más de L200 millones (8.4 millones de dólares) para la construcción del complejo habitacional en Patuca III.
Entre todos estos contratos sumaron más de L343 millones (14.5 millones de dólares) que fueron aprobados para empresas vinculadas al cartel.
“Desde hace un tiempo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció la sobrevaloración de un contrato de la Enee y Acrópolis.
Al representante de esta compañía (Francisco Arturo Mejía), el 11 de junio de 2011 Los Cachiros le dieron un poder de representación para que administrara todos los bienes de Inrimar. El 12 de agosto del mismo año, el Estado suscribió un contrato con Acrópolis”, informó el jefe de la unidad de investigación del CNA, Odir Fernández.
Invitación
Un documento revela cómo las autoridades principales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) invitaron a Devis Rivera a que presentara oferta para la construcción del polémico complejo habitacional en la represa hidroeléctrica Patuca III, ubicado entre Olancho y El Paraíso.
Mediante oficio GG-0393-A-2011, el entonces gerente general, Roberto Martínez Lozano, le escribió al Cachiro, quien fungía como presidente del consejo administrativo de la Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar).
“Estimado señor Rivera, la Enee a través de la Unidad Especial de Proyectos Públicos de Energía Renovable (Ueper) tiene el agrado de invitarle a presentar oferta para construcción de unidades de vivienda para el campamento del proyecto hidroelétrico Patuca III”, le dijo Martínez al Cachiro.
Le señaló que el proyecto se realizaría conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Especial Reguladora de Proyectos de Energía Renovable, contenida en el decreto 279-2010.
Martínez Lozano firmó la invitación junto con Carlos José Díaz, entonces director de la Ueper.
Inrimar firmó como recibida la invitación y posteriormente participó en la licitación, la cual no ganó.
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La polémica licitación
Junto con Inrimar participaron Arqdico S. de R.L. y Acrópolis S.A., las que estaban directamente vinculadas a Los Cachiros.
Acrópolis fue la que finalmente ganó la licitación por un monto de L98,171,991.18.
Según las investigaciones de las autoridades, Acrópolis no estaba a nombre de Los Cachiros, sino de Francisco Arturo Mejía, quien era el apoderado legal de los hermanos Rivera Maradiaga y quien, a su vez, se encargó de redactar el acta de constitución de Inrimar. Esto lo relaciona directamente con el desmantelado cartel de narcotraficantes.
“Les solicito a las autoridades que saquen los contratos que yo firmé con Inrimar, no existen, pero esta compañía en 2013 apareció entre las 92 empresas calificadas para hacer negocios con el Estado, eso lo dijo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mediante un informe. Lo que le sucedió a esta empresa se supo hasta en 2015”, explicó Roberto Martínez, exgerente de la Enee, quien se puso a la disposición de las autoridades ante cualquier investigación.
El exfuncionario insistió en que la inmobiliaria de Los Cachiros no se constituyó como empresa y participaba en licitaciones sin problemas porque estaba legalmente operando.
Sobre Acrópolis, dijo que se resiste a creer que esté ligada al narcotráfico porque ha desarrollado proyectos con varias instituciones. Sin embargo, comentó que su papel no es defender empresas.
En 2014 les quitaron la mina
La minera Mi Esperanza S.A, propiedad del cartel de Los Cachiros, fue confiscada por las autoridades hondureñas en abril de 2014 en el operativo Neptuno.
Esta empresa, propiedad de la familia Rivera Maradiaga, fue señalada por el Departamento del Tesoro como parte del grupo de narcotraficantes, por ello el Estado procedió a incautarla.
El gerente general de la minera era Javier Eriberto Rivera Maradiaga, hermano de Devis Leonel Rivera Maradiaga, ambos presos en Estados Unidos acusados de narcotráfico y lavado de activos.
Luego de que el Cachiro reveló en una Corte de EUA que obtuvieron varios contratos con el Estado de Honduras en el período de 2010 y 2013, el Ministerio Público procedió a investigar cuatro concesiones que les fueron otorgadas a Los Cachiros por la desaparecida Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), ahora Ingheomin.
