Tegucigalpa, Honduras.
El poder de los narcodólares de los Cachiros penetró en lo más profundo de la Policía hondureña, al punto que llegaron a tener a su servicio a un grupo de agentes y oficiales que se encargaban de planificar y realizar el trabajo sucio para eliminar a sus enemigos y todas aquellas personas que eran un estorbo para sus negocios ilícitos.
Lo anterior se desprende del testimonio ofrecido en una corte federal de Nueva York por el narcotraficante y asesino confeso Devis Leonel Rivera Maradiaga en el caso que se le sigue a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Frente a esas revelaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) abrieron investigaciones para determinar la participación de policías y otros actores en estos crímenes, aunque ya había indagaciones en curso antes de que trascendieran estos nuevos hechos.
El poder de los narcodólares de los Cachiros penetró en lo más profundo de la Policía hondureña, al punto que llegaron a tener a su servicio a un grupo de agentes y oficiales que se encargaban de planificar y realizar el trabajo sucio para eliminar a sus enemigos y todas aquellas personas que eran un estorbo para sus negocios ilícitos.
Lo anterior se desprende del testimonio ofrecido en una corte federal de Nueva York por el narcotraficante y asesino confeso Devis Leonel Rivera Maradiaga en el caso que se le sigue a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Frente a esas revelaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) abrieron investigaciones para determinar la participación de policías y otros actores en estos crímenes, aunque ya había indagaciones en curso antes de que trascendieran estos nuevos hechos.
Según Devis Rivera, estos policías fueron los encargados de perpetrar los asesinatos de prominentes figuras públicas; entre ellos, el del titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, exasesor en materia de seguridad, ultimados en diciembre de 2009 y 2011, respectivamente.
En abril del año pasado, el prestigioso diario The New York Times reveló por primera vez la participación de oficiales y miembros de la carrera policial en las muertes violentas de ambas personalidades públicas.
En un informe de la Inspectoría General de la Policía publicado por ese diario se involucra a al menos 49 policías en los asesinatos de Landaverde y González.
En su testimonio, Rivera Maradiaga confesó el homicidio de alrededor de 78 personas; entre ellas, la de los periodistas Nahúm Palacios y Aníbal Barrow, la abogada Judith Alemán Banegas y el diputado Juan Ramón Salgado.
Dijo que él participó en una reunión en la que se tomó la decisión de matar al general González, y entre los asistentes estaban el actual diputado Fredy Nájera y los presuntos narcotraficantes Neftalí Duarte Mejía, Eliel Sierra, Ramón Matta, Luis Valle, Arnulfo Valle, Wilter Blanco, Ton Montes, Tito Montes y Juan Carlos Montes.
Por ese crimen pagaron entre 200,000 y 300,000 dólares a un “grupo de policías” sicarios, cuyas identidades no se proporcionaron en el documento oficial de la Fiscalía de Nueva York.
Investigaciones
Óscar Vásquez, titular de la Diecp, comentó que esta institución abrió investigaciones de oficio en torno a la participación de policías en crímenes de alto impacto y extorsiones, pero gran parte de la documentación fue secuestrada por la Atic en abril de 2016 tras salir a luz pública la participación de policías en los asesinatos del Arístides González y del exasesor de seguridad.
Dijo que los expedientes estaban bastante avanzados y había indicios de que en ambos casos hubo participación de miembros de la Policía Nacional, pero lastimosamente no se pudo continuar con las indagaciones porque los expedientes fueron confiscados por la Fiscalía.
“El año pasado cuando vino la Atic a llevarse varios expedientes e investigaciones que estaban avanzadas se llevaron los expedientes que surgieron a raíz de la publicación del New York Times y nosotros quedamos relevados de la investigación porque prácticamente se llevaron todo”, manifestó Vásquez.
Sobre el caso del general González, el titular de la Diecp indicó que se hicieron algunas diligencias que luego fueron turnadas a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público y otra información se encuentra en poder de la Atic.
Brazo armado
Por su lado, Ricardo Castro, director de la Atic, confirmó a LA PRENSA que hay investigaciones en curso de varios de esos crímenes desde antes que trascendiera el testimonio de Devis Leonel Rivera. “Nosotros teníamos investigaciones desde antes que declarara ese muchacho en el caso de Orlan (Chávez), don Julián Arístides (González) y otros casos emblemáticos”, apuntó.
Consultado sobre la participación de policías en estos 78 crímenes, Castro dijo que los Cachiros tenían en la Policía Nacional su brazo armado para perpetrar muchos de estos asesinatos. “Él mismo lo mencionó en su declaración que su brazo armado era la Policía”. Reiteró que el Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) han conformado un equipo de trabajo para investigar todos estos crímenes.
