Washington, Estados Unidos.
El Gobierno de Honduras, solicitante de la audiencia, defendió las acciones de 'depuración' de su Policía para ser capaces de proteger a los defensores de los derechos humanos, aunque Cavallaro criticó la militarización del país, y la aplicación de su mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.
Además, defendió la participación de estos activistas en la elaboración de normas para un programa sobre su protección.
En cuanto al presupuesto para estos programas, al que dedicarán menos de un millón de dólares, Honduras dijo que espera una financiación de 2,9 millones de dólares de la organización Freedom House de EUA, para mejorar el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
La CIDH abrió hoy en Washington las audiencias públicas de su 161 periodo de sesiones con la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en 2014 y otros casos de México, Honduras y Panamá. Texto, foto y video de EFE.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó hoy al Estado de Honduras que mejore los mecanismos y el presupuesto para proteger a los defensores de los derechos humanos en el país.
Durante la audiencia pública de la CIDH sobre el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos en Honduras, el comisionado James Cavallaro recalcó la necesidad de que el Gobierno hondureño lo aplique conforme a una política integral en la que las autoridades y todas las partes del Estado trabajen de forma conjunta.
Cavallaro también aconsejó la inmediatez de la respuesta a amenazas a los defensores de derechos humanos del país, el aumento del presupuesto para llevar a cabo el mecanismo de protección y la legitimización por parte del Estado a la figura de estos activistas para parar la criminalización que viven.
Sin embargo, reconoció el 'avance y espíritu abierto de diálogo' de un país que es uno de los más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y donde hace un año se asesinó a la ambientalista Berta Cáceres, por el que aún se pide justicia, por su oposición a la construcción de un proyecto hidroeléctrico.
Por su parte, la vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, indicó que la Policía del país tenía que ser entrenada para la protección de los activistas, que sus familiares también la necesitan.
También ahondó en la necesidad de un cambio de mentalidad en la sociedad y las fuerzas del orden con su relación a os defensores de los derechos humanos.
Como parte de la sociedad civil, Marcia Aguiluz, del Centro para Justicia y Ley Internacional, pidió un enfoque del tema centrado en la política pública que se aleje de la 'estigmatización y criminalización', además de la protección física de las personas defensoras de derechos.
Asimismo, demandó que el Gobierno facilite los medios y no ponga obstáculos a la investigación de la violencia contra este colectivo.
Por su parte, Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil, pidió un protocolo diferenciado para mujeres y miembros de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB), una actuación policial más efectiva y un incremento del presupuesto para todas estas medidas.
Además, defendió la participación de estos activistas en la elaboración de normas para un programa sobre su protección.
En cuanto al presupuesto para estos programas, al que dedicarán menos de un millón de dólares, Honduras dijo que espera una financiación de 2,9 millones de dólares de la organización Freedom House de EUA, para mejorar el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
La CIDH abrió hoy en Washington las audiencias públicas de su 161 periodo de sesiones con la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en 2014 y otros casos de México, Honduras y Panamá. Texto, foto y video de EFE.
