San Pedro Sula, Honduras.
El sector empresarial de Honduras espera observar en los próximos meses una reducción en los índices delictivos por el traslado de los 755 reos mareros a la cárcel de máxima seguridad El Pozo.
Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dijo ayer que todo el sector empresarial “aplaude” la medida tomada por el Gobierno porque contribuirá a reducir las extorsiones y los homicidios en San Pedro Sula y todo el país.
“Estamos satisfechos con esa operación que ha hecho el Gobierno y las autoridades militares. Fue un operativo muy grande”, dijo Barquero.
El sector empresarial, que involucra a pequeños, medianos y grandes, ha sido uno de los más golpeados por la escalada de extorsión observada en los últimos años.
Barquero le expresó a LA PRENSA que están satisfechos con el Gobierno porque está “ invirtiendo en logística” militar y policial para reducir las cifras de homicidios y otros delitos que inciden negativamente en la economía del país.
Desde las cárceles, debido al acceso que han tenido a las telecomunicaciones, los miembros de la MS-13 y la mara 18, han ejecutado extorsiones, asesinatos y han ordenado la quema de buses del transporte urbano e interurbano.
A causa de la extorsión, varios centenares de negocios, particularmente pequeños y medianos, han cerrado operaciones y muchos propietarios han muerto por haberse resistido a pagar.
Según cálculos de empresarios del transporte, en los últimos cinco años ellos perdieron más de L100 millones a causa de los actos criminales ejecutados por ambas maras que se tradujeron en el incendio de más de 17 unidades de transporte en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.
Daniel Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), es del criterio que con el traslado de los reos habrá menos extorsión y en consecuencia un repunte en la actividad comercial.
“Creemos que acciones como esta contribuyen a dar mayor confianza a toda la sociedad y por ende a pequeños, medianos y grandes empresarios”, dijo. Al igual que Aguilar, Fernando García, director ejecutivo de esa organización, afirma que esa acción gubernamental “es positiva”.
“Los privados de libertad que han sido sentenciados deben cumplir su condena en centros de reclusión con las condiciones de seguridad necesaria”, dijo.
“Esperamos que el crimen en todas sus formas se reduzca con base en las acciones coordinadas en el marco de la ley”.
Indagaciones logradas por la Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA en los países del Triángulo del Norte revelaron el año pasado que gran parte de las extorsiones son ordenadas desde los centros penales.
Las empresas hondureñas, de todos los niveles y sectores, pagan anualmente unos $300 millones (más de L7,000 millones).
Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), observa con optimismo la acción del Gobierno, pues cree que “tendrá un impacto positivo en todo el país”. “Cualquier medida para resolver el problema de las cárceles y la toma de posesión de todas las prisiones de parte del Estado es bienvenida”, expuso.
Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), aplaude la decisión del Gobierno; no obstante, considera que “no es una solución total”.
“No solo de los presidios se gestan los delitos, hay que trabajar en la generación de empleo. El desempleo es caldo de cultivo del delito”.
El sector empresarial de Honduras espera observar en los próximos meses una reducción en los índices delictivos por el traslado de los 755 reos mareros a la cárcel de máxima seguridad El Pozo.
Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dijo ayer que todo el sector empresarial “aplaude” la medida tomada por el Gobierno porque contribuirá a reducir las extorsiones y los homicidios en San Pedro Sula y todo el país.
“Estamos satisfechos con esa operación que ha hecho el Gobierno y las autoridades militares. Fue un operativo muy grande”, dijo Barquero.
| Claves
1. Publicación
LA PRENSA en una investigación realizada y recién publicada constató que los reos de ambas maras tenía acceso a Internet y usaban celulares.
2. Lujos
Los reos de ambas maras extorsionaban empresas para obtener dinero con el cual pagaban los lujos y comodidades con las cuales vivían en el presidio sampedrano.
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El sector empresarial, que involucra a pequeños, medianos y grandes, ha sido uno de los más golpeados por la escalada de extorsión observada en los últimos años.
Barquero le expresó a LA PRENSA que están satisfechos con el Gobierno porque está “ invirtiendo en logística” militar y policial para reducir las cifras de homicidios y otros delitos que inciden negativamente en la economía del país.
Desde las cárceles, debido al acceso que han tenido a las telecomunicaciones, los miembros de la MS-13 y la mara 18, han ejecutado extorsiones, asesinatos y han ordenado la quema de buses del transporte urbano e interurbano.
A causa de la extorsión, varios centenares de negocios, particularmente pequeños y medianos, han cerrado operaciones y muchos propietarios han muerto por haberse resistido a pagar.
Según cálculos de empresarios del transporte, en los últimos cinco años ellos perdieron más de L100 millones a causa de los actos criminales ejecutados por ambas maras que se tradujeron en el incendio de más de 17 unidades de transporte en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.
| 2,000
Millones al año
Es lo que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés estima que cada año el sector empresarial paga como Tasa de Seguridad
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“Creemos que acciones como esta contribuyen a dar mayor confianza a toda la sociedad y por ende a pequeños, medianos y grandes empresarios”, dijo. Al igual que Aguilar, Fernando García, director ejecutivo de esa organización, afirma que esa acción gubernamental “es positiva”.
“Los privados de libertad que han sido sentenciados deben cumplir su condena en centros de reclusión con las condiciones de seguridad necesaria”, dijo.
“Esperamos que el crimen en todas sus formas se reduzca con base en las acciones coordinadas en el marco de la ley”.
Indagaciones logradas por la Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA en los países del Triángulo del Norte revelaron el año pasado que gran parte de las extorsiones son ordenadas desde los centros penales.
Las empresas hondureñas, de todos los niveles y sectores, pagan anualmente unos $300 millones (más de L7,000 millones).
Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), observa con optimismo la acción del Gobierno, pues cree que “tendrá un impacto positivo en todo el país”. “Cualquier medida para resolver el problema de las cárceles y la toma de posesión de todas las prisiones de parte del Estado es bienvenida”, expuso.
Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), aplaude la decisión del Gobierno; no obstante, considera que “no es una solución total”.
“No solo de los presidios se gestan los delitos, hay que trabajar en la generación de empleo. El desempleo es caldo de cultivo del delito”.
