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Amenazar con extorsión será considerado delito

  • 21 febrero 2017 /

Quemar unidades de transporte, restaurantes o camiones repartidores será considerado terrorismo.

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional de Honduras cerró su sesión del martes sin discurtir en el tercer debate las reformas penales que tenía previstas. Solo se aprobaron los dos primeros artículos del proyecto de ley.

'Uno de los puntos clave aprobado es el de tipificar el delito de extorsión para que aplique desde el momento en que un ciudadano amenaza a otro, sea con una llamada o en viando un papel', explicó el diputado Tomás Zambrano.

Con la reforma se busca eliminar el beneficio de la preliberación, de manera que los delitos de crimen organizado se cumplan con condenas a cabalidad.

'Otro artículo aprobado es el de establecer la figura de terrorismo para que los grupos criminales que buscan hacer o dejar hacer algo, incurran en terrorismo, y eso aplica también a las personas individuales', explicó en referencia a los grupos que sean culpables de quemar unidades del transporte, restaurantes, camiones u otro acto terrorista.

La reforma establece una pena de entre 40 y 50 años en el cárcel.

El deliberación fue suspendida por el titular de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, en medio de las protestas de la oposición y con la ausencia de la bancada del Partido Liberal y Libertad y Refundación.

“Muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas”, apuntó Oliva. El vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, convocó a una nueva reunión para el miércoles a las 9:00 am.

Ambiente previo

La sesión inició bajo fuertes medidas de seguridad, por las protestas que se realizaron por los partidos de oposición en las cercanías al Legislativo.

Aunque el secretario del Legislativo, Mario Pérez, señaló que la sesión podía ser a puerta cerrada para evitar que los diputados corran riesgos de represalias por la posible aprobación de reformas penales, el diputado Óscar Álvarez señaló que el debate se efectuaría a puerta abierta.

Cuatros leyes del país esperan ser reformadas en el Congreso Nacional en un agrio debate por la fuerte oposición del Partido Anticorrupción (PAC) y del partido Libertad y Refundación (Libre), instituciones políticas que al mediodía del martes reiteraron su oposición a las reformas penales.

Previo al debate, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, entregó un paquete de reformas para agilizar el sistema judicial.

Los diputados fueron convocados para la sesión ordinaria para las 3:00 de la tarde y el principal tema en la agenda es el dictamen que está para tercer debate que contiene las reformas penales, que incluyen Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Intervención de las Comunicaciones o 'ley de escuchas' y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Sin embargo, la sesión inció con dos horas de retraso.


Las reformas se pueden aprobar con mayoría simple (65 diputados) o con la mitad más uno de los diputados que se presenten a la sesión (siempre que haya el quórum).






También se propone reformar la Ley del Instituto Penitenciario para crear tres tipos de régimen ordinario para la adecuada separación de reos (mínima, media y máxima seguridad).

Consensos

Los parlamentarios retoman hoy el tercer y último debate del paquete de reformas penales y los cabildeos se intensifican para aprobar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo porque no cuentan con el respaldo de la oposición.

Pese a que solo se necesita mayoría simple, es decir, 65 votos; hasta ayer no se contaba con los mismos.

La bancada nacionalista está lista para dar su voto favorable y cuentan con algunos diputados del Partido Va Movimiento Solidario (Vamos), de Unificación Democrática y otros de la bancada independiente con los que suman 55 votos, por lo que la esperanza de los nacionalistas radica en el Partido Liberal.

“Hay que esperar cuál es el criterio unánime del Partido Liberal. El diálogo es permanente y el consenso se hace a diario y esperamos el día de mañana (hoy), con las diferentes reuniones que se puedan tener en el Congreso, poder obtener la mayoría necesaria”, indicó Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso y miembro de la Comisión Dictaminadora.

El congresista rechazó las objeciones del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Anticorrupción (PAC) que niegan su voto a las reformas. Entre ellas está la criminalización a la protesta, licencia para que policías o agentes de seguridad puedan disparar en protestas y la intervención de llamadas, ya que consideran violación a la privacidad. “Eso no es cierto y están engañando a la población”, sostuvo Zambrano.