San Pedro Sula, Honduras.
Mientras presidentes y funcionarios de varios países de Latinoamérica rinden sus declaraciones ante fiscales, en Honduras ningún exfuncionario o autoridad actual ha explicado la forma cómo la compañía Odebrecht logró obtener en 2009 un contrato para construir las represas de Los Llanitos y Jicatuyo.
El contrato concedido por la administración de Manuel Zelaya Rosales a la empresa Constructora Norberto Odebrecht (CNO) despierta suspicacias porque las autoridades hondureñas lo mantuvieron fuera de la vista pública, es decir, no lo publicaron en el diario oficial La Gaceta y, en los años siguientes, las administraciones de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa lo sometieron a cuatro modificaciones para mantener la relación con esa compañía, inclusive, algunos funcionarios hondureños se reunieron en Panamá con ejecutivos de esa firma.
Si se hubiera publicado en La Gaceta, el Gobierno se hubiese visto obligado a explicar el procedimiento que realizó para concederle el proyecto a CNO, tendría que haber informado sobre las empresas que presentaron ofertas y, sobre todo, exponer los términos del contrato.
Mientras presidentes y funcionarios de varios países de Latinoamérica rinden sus declaraciones ante fiscales, en Honduras ningún exfuncionario o autoridad actual ha explicado la forma cómo la compañía Odebrecht logró obtener en 2009 un contrato para construir las represas de Los Llanitos y Jicatuyo.
El contrato concedido por la administración de Manuel Zelaya Rosales a la empresa Constructora Norberto Odebrecht (CNO) despierta suspicacias porque las autoridades hondureñas lo mantuvieron fuera de la vista pública, es decir, no lo publicaron en el diario oficial La Gaceta y, en los años siguientes, las administraciones de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa lo sometieron a cuatro modificaciones para mantener la relación con esa compañía, inclusive, algunos funcionarios hondureños se reunieron en Panamá con ejecutivos de esa firma.
Si se hubiera publicado en La Gaceta, el Gobierno se hubiese visto obligado a explicar el procedimiento que realizó para concederle el proyecto a CNO, tendría que haber informado sobre las empresas que presentaron ofertas y, sobre todo, exponer los términos del contrato.
La relación
En Brasil, luego de que la Policía Federal de Brasil ejecutara la operación Lava Jato (Operación lavado a presión) para investigar casos de corrupción vinculados con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ejecutivos de la compañía Odebrecht aceptaron que pagaron sobornos a funcionarios de más de una docena de países de Latinoamérica para que los privilegiaran con contratos de construcción de obras públicas.
El año anterior, tras las confesiones de Odebrecht, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que era la institución que financiaría la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, suspendió los préstamos para desarrollar obras en Guatemala, Argentina, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Honduras.
El 26 de enero de 2009, cuando los Gobiernos de Manuel Zelaya Rosales y Luiz Inácio Lula da Silva mantenían relaciones cordiales, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), dirigida en ese entonces por Rixi Moncada, firmaron un contrato con la Constructora Norberto Odebrecht “para la ejecución del diseño, construcción, operación, mantenimiento, comercialización de energía y transferencia” de las dos hidroeléctricas.
| En este documento se muestra que un tema a discutir en una de las reuniones de la junta directiva de la Enee en 2010 fue la modificación del contrato con Odebrecht.
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En los meses siguientes, este contrato BOT (Build, Operate and Transfer [Construcción, Operación y Transferencia]) identificado como No. 054-2010 no apareció en La Gaceta y en agosto, luego de que defenestraran a Manuel Zelaya Rosales, el 31 de agosto de 2009 la administración de Roberto Micheletti lo sometió a una primera modificación.
Más tarde, el 26 de marzo de 2010, la administración de la Enee, durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, sometió a una segunda modificación el contrato No. 054-2010.
Según el Acta No. JD-1075-2010, firmada por Roberto Martínez Lozano, gerente de la junta directiva de la Enee, y por otros funcionarios de ese Gobierno, la segunda modificación al contrato obedeció a la necesidad de ampliar los plazos y lograr financiamiento en el exterior.
Obstáculos y ampliaciones
En ese documento, los funcionarios dejaron establecido que “a) El Contrato BOT, aprobado por el Congreso Nacional no ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, b) El estudio de viabilidad, en proceso, se ha extendido porque se ampliaron los alcances de las investigaciones de campo para optimizar el esquema de desarrollo de las centrales y c) Se avanzó en la definición de las reglas Figa (Fideicomiso de Garantía); sin embargo, las condiciones financieras existentes no han permitido su constitución”.
Según el acta, “por causas ajenas a la Enee y CNO, las causales que originaron la ampliación de los plazos anteriormente indicados, subsisten a la fecha, y que además las condiciones financieras internacionales, así como los riesgos de crédito han variado ostensiblemente desde la suscripción del contrato BOT”.
 Según el archivo, la modificación al contrato tuvo el “dictamen favorable de Asesoría Legal y Auditoría Interna”.
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El 15 de marzo de 2012, mediante la resolución No. 03-JD-1098-2012, Darío Roberto Cardona, entonces secretario de Recursos Naturales y Ambiente, ahora en prisión, y Emil Hawit, gerente de la Enee, realizaron la cuarta modificación del contrato No. 054-2010 para que el Gobierno mantuviera la relación con Odebrecht.
Esa modificación la ejecutaron pocos días después de que Hawit se reuniera con ejecutivos de Odebrecht en las oficinas de Panamá, donde también está compañía pagó a funcionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para que los favorecieran con proyectos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht les pagó a varios funcionarios panameños, entre 2010 y 2014, más de $59 millones en sobornos, dinero que ahora es rastreado por las autoridades.
De acuerdo con el Acta No. JD-1098-2012, Emil Hawit Medrano, en su condición de gerente general de la Enee, “tuvo reuniones con los ejecutivos de la empresa Constructora Norberto Odebrecht (CNS), los días 6, 7 y 8 de marzo de 2012 en la ciudad Panamá”.
 Se autorizó al gerente de la Enee a firmar la modificación, si el contrato “cumple con la ley”.
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Ese documento oficial de la Enee explica que durante el viaje del gerente, el cual no discutieron previamente en junta directiva, “se llegó a acuerdos importantes para viabilizar la ejecución del Contrato BOT”.
Considerando lo establecido en ese documento, Hawit viajó a Panamá “de urgente necesidad” y para que la Enee le desembolsara el dinero gastado en la gestión realizada en ese país, la junta directiva reformó en sesión el Reglamento de Viáticos.
Hasta el día que Hawit realizó el viaje “urgente” a Panamá, el Reglamento de Viáticos establecía que “los viajes al exterior, solo los podrá autorizar el gerente y los viajes al exterior del gerente serán autorizados por la junta directiva”.
 Se hizo un informe sobre la reunión de representantes de la Enee con ejecutivos de Odebrecht en Panamá.
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Un año después, en septiembre de 2013, la Constructora Norberto Odebrecht cerró sus oficinas en Tegucigalpa porque el Gobierno hondureño nunca desembolsó la contraparte que le correspondía ($100 millones) para comenzar el proyecto, según informó en esa ocasión el embajador de Brasil en Honduras, Zenic Krawctschuk.
Odebrecht había anunciado que las represas costarían $800 millones.
El BNDES de Brasil aportaría $271 millones y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiaría otra parte.
